La multinacional canadiense Copap Inc. ha presentado una nueva acción judicial contra la empresa nacional Papelera Dimar S.A., dirigida por la familia Ariztía, en la que asegura que los miembros del directorio de la compañía tienen responsabilidades en un escándalo de prácticas fraudulentas. Esta querella se suma a la ya presentada en mayo de 2024 y se centra en la supuesta entrega de información falsa al mercado por parte de Dimar, lo que ha llevado a la empresa a acumular deudas que rondan los 30 mil millones de dólares. Desde Copap, se argumenta que esta situación no solo ha perjudicado a la compañía canadiense, que es proveedora de Dimar, sino que también ha impactado a otros actores del mercado que mantenían relaciones comerciales con la papelera nacional.
Matías Balmaceda, abogado penalista encargado del caso, hizo hincapié en la importancia de la responsabilidad fiduciaria que tienen los directorios de las empresas. «Uno de los grandes objetivos de la legislación sobre delitos económicos es evitar que los directorios se desliguen de la responsabilidad fiduciaria que deben cumplir», afirmó Balmaceda. Además, destacó que si Dimar hubiera sido transparente con su información contable, habría podido alertar a proveedores como Copap mucho antes de que la situación se deteriorara. Esta falta de claridad ha llevado a un aumento en los perjuicios económicos tanto para Copap como para otros proveedores afectados.
El escándalo se desató cuando Papelera Dimar admitió en noviembre de 2023 que la información financiera que había presentado durante 2022 y 2023 era falsa. Este anuncio puso en evidencia la fragilidad económica de la empresa, que había estado proyectando una imagen de solidez que no correspondía con la realidad. En un intento por deslindar responsabilidades, Dimar había señalado a Jonathan Morán, su entonces gerente general. Sin embargo, la nueva querella busca ampliar la investigación a los miembros del directorio de la empresa, que incluye a Francisco José Ariztía Reyes, Federico Humberto Silva Pizarro, Aníbal Ariztía Reyes y Juan Eduardo Ariztía Reyes.
David Sela, fundador y presidente de Copap, expresó su preocupación por la situación, afirmando: «Nunca habíamos tenido una situación como esta. Es una situación que nos afecta a nosotros y a otros proveedores internacionales de Dimar que también emprenderán acciones judiciales ante la nueva evidencia». La inquietud de Sela refleja el impacto que este caso tiene no solo en la reputación de Dimar, sino también en la confianza del mercado y en las relaciones comerciales con otros proveedores.
El escándalo de Papelera Dimar S.A. ha generado un clima de incertidumbre en el sector industrial, y se espera que las repercusiones de esta situación se extiendan más allá de las fronteras de Chile. Con la ampliación de la querella, se espera que se tomen medidas contundentes para esclarecer las responsabilidades en este caso y se busque justicia para las empresas afectadas. A medida que avanza el proceso judicial, el foco estará en la transparencia y la rendición de cuentas que deben cumplir las empresas ante sus socios comerciales y el mercado en general.
