Las recientes desapariciones de Julia Chuñil Catricura y los tripulantes de la embarcación Bruma han puesto de relieve una alarmante realidad en nuestro país. El 8 de mayo se cumplieron seis meses sin saber del paradero de Julia, presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel, quien luchaba por la preservación de 900 hectáreas de bosque nativo. Su desaparición ha sido acompañada de un alarmante silencio por parte del Estado, que no solo ha mostrado una negligencia alarmante ante la violencia institucional sufrida por su familia, sino que también ha evidenciado su complicidad al no actuar ante el acoso que Julia sufrió por parte del empresario Juan Carlos Morstadt, quien tiene intereses en las tierras que ella defiende. Este caso expone la dramática situación de quienes habitan y cuidan nuestras tierras, y cómo a menudo son ellos quienes terminan desaparecidos en manos de aquellos que buscan usufructuarlas.
El paralelismo con el caso de los siete pescadores desaparecidos de la lancha Bruma es inquietante y sugiere un patrón de violencia sistemática y de impunidad. Los familiares de los pescadores han denunciado que un pacto de silencio se ha instaurado entre los tripulantes de la embarcación PAM Cobra, lo que pone en cuestión la verdad sobre el trágico suceso en el mar. Resulta alarmante que esos mismos tripulantes hayan sido convocados por su empresa, Blumar, antes de declarar, lo que indica una posible manipulación de testimonios. La desaparición de estos hombres no solo apunta a una tragedia personal, sino que se enmarca dentro de un conflicto mayor entre los intereses de la industria pesquera y los derechos de los pescadores artesanales, quienes se ven cada vez más amenazados por las prácticas depredadoras de las grandes empresas.
Ambos casos resaltan la conexión entre las clases populares y la violencia ejercida por empresarios que buscan proteger sus intereses. Las desapariciones de Julia y de los pescadores del Bruma son un eco de los numerosos conflictos territoriales que están atravesando diversas comunidades en el país. En la actualidad, la lucha de Julia y de los pescadores refleja no solo el anhelo de justicia por parte de sus familias, sino un grito colectivo de resistencia de aquellos que defienden los territorios ante la amenaza de proyectos extractivistas y la concentración de poder económico. Sin embargo, el Estado ha fallado en garantizar la justicia y protección de estas comunidades, lo que desespera aún más a las familias afectadas por la desesperanza y el miedo.
La ineficacia de la Fiscalía refleja una preocupación mayor en torno a la atención que se les está brindando a estos casos. La falta de continuidad y compromiso por parte de los fiscales asignados al caso de Julia ha dificultado la búsqueda de justicia, mientras que las irregularidades en las indagatorias en el caso del Bruma destacan una cultura del encubrimiento que parece prevalecer. Esto desencadena en una ola de desconfianza hacia las instituciones encargadas de la justicia, que perpetúan un ciclo de impunidad. La muerte sospechosa de animales de Julia y el pésimo estado de las condiciones laborales de los pescadores subrayan la urgencia de contar con un sistema judicial que actúe con diligencia y compromiso ante la violencia estructural que enfrentan estas comunidades, que históricamente han sido ignoradas.
Finalmente, estos casos plantean un cuadro preocupante sobre el estado de derechos humanos en el país, donde la lucha de las clases populares frente a la opresión económica parece ser vista como una amenaza que debe ser silenciada. La muerte reciente de Maximiliana Amaro Mamani y la tragedia que enfrenta la familia de Luis Héctor Godoy Mendoza acentúan esta preocupación, mostrando que, cuando se trata de proteger intereses privados, las vidas de las personas son sacrificadas. Las familias de quienes han desaparecido son las que más luchan por verdad y justicia, convirtiéndose en verdaderos estandartes de resistencia ante un Estado que las deja desamparadas. En este contexto, el llamado es claro: exigir al Estado que tome un rol activo en la defensa de sus ciudadanos y que no se permita que la impunidad siga siendo la norma.
