El pasado 23 de junio de 2025, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago formalizó la reformalización de Martín de Los Santos Lehmann, acusado de agredir gravemente a Guillermo Oyarzún, un conserje de 70 años en un edificio ubicado en Vitacura. Durante la audiencia, se decretó su prisión preventiva tras ser imputado como autor de lesiones graves, debido a la severidad de las lesiones que sufrió la víctima. Este caso ha captado la atención de la opinión pública, dado el impacto que ha tenido en la vida del adulto mayor.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de mayo, cuando Oyarzún se encontraba fumando un cigarro y fue sorprendido por De Los Santos, quien lo atacó brutalmente, propinándole varios golpes en el rostro. El agresor, quien fue detenido poco después, había quedado en libertad bajo medidas cautelares que incluían la firma mensual y el arraigo nacional. Sin embargo, debido a la gravedad de la situación del conserje, el abogado de la víctima solicitó una revisión de estas medidas, lo que llevó a la audiencia del 23 de junio.
Como resultado del ataque, Oyarzún sufrió cinco fracturas faciales que requirieron procedimientos quirúrgicos extensos. Su recuperación no ha sido fácil, ya que además de las fracturas, ha perdido la visión en un ojo y el sentido del olfato, lo que ha cambiado drásticamente su calidad de vida. Tras permanecer 15 días internado en un hospital, el conserje regresó a su hogar en Conchalí, aunque su proceso de rehabilitación y adaptación al nuevo panorama sigue siendo complicado.
La decisión del tribunal de acoger la solicitud de modificación de las cautelares refleja la seriedad de los hechos y la preocupación por la seguridad de Oyarzún. El Poder Judicial tuvo en cuenta los impactos físicos y emocionales que la agresión ha causado en la víctima, haciendo evidente la necesidad de protegerlo ante posibles represalias o situaciones de riesgo. La prisión preventiva de De Los Santos es un paso importante hacia la justicia en este caso.
El caso de Guillermo Oyarzún ha generado reacciones en la comunidad de Vitacura, donde se han expresado preocupaciones sobre la seguridad de los adultos mayores y la violencia en el entorno urbano. Organizaciones y grupos de defensa de los derechos de los adultos mayores han comenzado a alzar la voz, demandando medidas más efectivas para proteger a esta población vulnerable. La audiencia y la decisión del tribunal podrían ser un llamado a la acción para abordar problemas de violencia que afectan a personas mayores en la sociedad.
