La reciente aprobación de la ley de seguridad municipal en las comisiones de Gobierno y Seguridad Pública del Senado marca un avance significativo en la lucha por la seguridad en las comunidades. Este paso, que se da tras años de deliberaciones y discusiones, busca otorgar mayores atribuciones a los guardias de seguridad de los municipios, un tema que ha generado controversia y debate. Durante la sesión, los parlamentarios se enfrentaron a la complejidad de definir no solo las facultades de los guardias, sino también el presupuesto necesario para su equipamiento, lo que demuestra que, aunque se han logrado acuerdos, aún quedan desafíos importantes por resolver.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, intentó calmar las tensiones al afirmar que se ha llegado a un consenso en la mayoría de los aspectos del proyecto, lo que pone de relieve el compromiso del gobierno por avanzar en esta iniciativa. Sin embargo, las palabras de Leitao fueron recibidas con escepticismo por parte de varios alcaldes, quienes expresaron su frustración por la lentitud del proceso. Para ellos, la seguridad de sus comunidades es una prioridad que no puede esperar más, y la percepción de que el gobierno no está actuando con la celeridad necesaria es motivo de alarma.
A medida que las discusiones sobre la ley de seguridad municipal avanzan, los alcaldes han resaltado la urgencia de implementar estrategias efectivas para combatir la delincuencia en sus localidades. Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipios de Chile, cuestionó abiertamente la falta de voluntad del gobierno para dar un impulso real a este proyecto. Lo que antes se consideraba una conversación sobre seguridad ha evolucionado en una crítica al manejo legislativo, argumentando que se necesita un enfoque más expedito para atender las necesidades de las comunidades, tanto urbanas como rurales.
El camino hacia la aprobación definitiva de la ley no está exento de obstáculos, ya que la iniciativa debe pasar también por la Comisión de Hacienda para discutir el financiamiento de las nuevas atribuciones que se proponen para los guardias municipales. Este aspecto financiero es crítico, pues la falta de claridad en cuanto al presupuesto podría obstaculizar aún más la implementación de la ley. En este sentido, los alcaldes han dejado claro que, sin un soporte financiero robusto, cualquier avance se ve comprometido, poniendo en riesgo la efectividad de las medidas propuestas.
Ante este contexto, los alcaldes han reiterado la importancia de acelerar los procesos legislativos en materia de seguridad, no solo para poder actuar de manera inmediata frente a la delincuencia, sino también para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones gubernamentales. La aprobación general del proyecto es un primer paso, pero la real efectividad de estas medidas dependerá de la capacidad del gobierno y del Senado para trabajar en conjunto y evitar que los debates prolongados sigan retrasando una solución urgente que impacta la vida diaria de miles de chilenos.
