En diciembre de 2024, la PDI se vio envuelta en un escándalo que puso bajo la lupa a sus propios funcionarios. Un agente policial, Andrés Eduardo Quezada Hidalgo, empezó a levantar sospechas por sus movimientos inusuales, lo que llevó a sus colegas a investigarlo discretamente. En un entorno donde ya habían surgido problemas similares en el Ejército y la FACh, la aparición de un caso de corrupción en la policía civil sembró un manto de desconfianza sobre la institución que se supone debe velar por la seguridad de los ciudadanos. La situación se tornó crítica y la PDI comenzó a seguir los pasos de Quezada, llevando a cabo un proceso judicial que se mantenía en la más estricta reserva.
Andrés Quezada, quien laboraba en el Departamento de Migraciones en el Complejo Fronterizo Chacalluta, utilizó su posición como funcionario para traficar ketamina desde Perú a Chile. Los informes revelaron que realizaba estas actividades ilícitas con frecuencia, aprovechando su acceso a la frontera. En la fecha de su arresto, fue sorprendido transportando más de un kilogramo de esta potente droga, lo que evidenció sus maniobras delictivas y su total desprecio por la ley que juró proteger.
Los investigadores del Departamento V de Asuntos Internos se dieron cuenta de que Quezada mostró patrones de comportamiento erráticos. Su presencia en la frontera, incluso cuando no estaba de servicio, fue uno de los factores que llamó la atención de la policía. Con el uso de cámaras de seguridad, se pudo comprobar que había cruzado la frontera en particular ocasiones, siempre acompañado de una mujer, Úrsula Durán, a quien identificaron como cómplice en sus actividades delictivas. La imagen de un agente policial inmiscuyéndose en el narcotráfico resultaba no solo alarmante, sino un claro indicio del grado de degradación dentro de la institución.
La investigación se tornó más intensa a medida que se recopilaban más pruebas de las transacciones ilegales de Quezada y Durán. Las cámaras mostraban su complicidad en el tráfico de drogas y el eficaz trabajo de campo permitió rastrear sus movimientos durante semanas. Este seguimiento culminó en una operación el 14 de enero de 2025, donde finalmente se interceptó a Quezada mientras trataba de perpetrar otro traslado de ketamina. Las circunstancias de su caída fueron documentadas meticulosamente, y los funcionarios de la PDI no solo se dispusieron a arrestarlo, sino que también tomaron medidas para proteger la imagen de su institución ante el escándalo inminente.
Finalmente, Quezada y Durán fueron formalizados ante el Juzgado de Garantía de Arica, acusados de tráfico de drogas. Al ser interrogados, Quezada quedó bajo la mirada escrutinadora de sus colegas, quienes habían sido testigos de su deterioro personal y profesional. La investigación sigue abierta, y el Consejo de Defensa del Estado ha optado por presentar una querella en su contra, un movimiento que apunta a tomar medidas drásticas contra la corrupción dentro de las fuerzas policiales de Chile. Este caso se ha convertido en un caso emblemático que invita a reflexionar sobre la integridad en las instituciones encargadas de mantener el orden público.
