En un giro inesperado en la investigación de la desaparición de María Elcira Contreras, dos miembros de la Policía de Investigaciones (PDI) han sido interrogados como imputados. Este desarrollo ha generado conmoción tanto en la comunidad local como en los medios de comunicación. Según reportes de 24 Horas, además de los dos funcionarios de la PDI, la dueña del fundo donde se produjo la desaparición, Mónica Kleinert, también enfrenta acusaciones. Este caso, que ha captado la atención del público, sigue en curso y plantea serias preguntas sobre la integridad de la investigación y la actuación de las autoridades competentes.
Los interrogatorios a los funcionarios de la PDI, un comisario y un inspector, se llevaron a cabo en la Tercera Comisaría de Carabineros de Limache. Las citaciones fueron motivadas por diversos testimonios que sugieren irregularidades en la cadena de custodia de las grabaciones de seguridad del fundo donde se presume que desapareció María Elcira. Un incidente clave ocurrió en julio de 2024, semanas después de la desaparición, cuando un funcionario de la PDI entregó piezas de evidencia a una funcionaria de la Fiscalía, pero se limitó a proporcionar un subregistro de la información disponible.
La situación se agrava después de que se detectara que las grabaciones entregadas por el oficial no reflejaban las 24 horas de operación de las cámaras de seguridad, sino apenas 6 horas. Esto supone una seria violación de los protocolos establecidos para la manipulación de pruebas. Nadia Mansilla, perito de video, afirmó que el procedimiento seguido por el oficial constituyó una «falla crítica en esta cadena de custodia». Este tipo de irregularidades no solo complican la investigación, sino que también alimentan las especulaciones sobre la posible colusión entre los implicados.
En medio de este complicado panorama, Carla Hernández, nieta de María Elcira, ha alzado su voz en busca de justicia para su abuela. Carla ha cuestionado abiertamente la decisión de mantener a la Bicrim Limache a cargo de la investigación, a pesar de que dos de sus miembros están imputados por obstrucción a la justicia y falsificación de documentos. La joven abogada ha presentado evidencias que sugieren que aspectos cruciales del caso fueron manipulados y que los registros pertinentes no fueron adecuadamente entregados al Ministerio Público, afirmando que esto podría ser considerado como un acto de negligencia o dolo.
El caso de la desaparición de María Elcira Contreras no solo es un drama familiar, sino también un reflejo de las fallas en el sistema de justicia. A medida que se desarrollan más detalles sobre las acusaciones en contra de los funcionarios de la PDI, la presión aumenta sobre las autoridades para que tomen medidas decisivas. La comunidad sigue expectante, esperando que se restablezca la confianza en las instituciones encargadas de proteger el bienestar de sus ciudadanos, mientras las preguntas sobre la corrupción y la negligencia en el manejo de pruebas quedan en el aire.
