La Fiscalía ha notificado la sentencia que condena a 17 personas por su implicación en el conocido como megafraude a Fonasa, un escándalo que ha sacudido el sistema de salud pública en Chile. Este caso se centra en la emisión de licencias médicas falsas a través de diversos centros médicos. Según información proporcionada por Agricultura, las condenas afectan a nueve médicos extranjeros, así como a reclutadores y adquirentes de estas licencias fraudulentas. Los delitos difundidos en el juicio incluyen la emisión de licencias fraudulentas, asociación delictiva, estafa de subvenciones y blanqueo de capitales, lo que ha generado un perjuicio estimado en más de $31.571 millones.
El juicio oral, que comenzó el 15 de julio de 2025, fue dirigido por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, liderada por el fiscal Álvaro Pérez. Durante el proceso, se revelaron pruebas contundentes que llevaron a la condena de todos los médicos involucrados, quienes ahora enfrentan penas de cárcel efectiva que varían entre 13 y 21 años. Pérez, en sus declaraciones, resaltó la gravedad del caso y la conformidad del Ministerio Público con la severidad de las penas impuestas a los culpables.
El escándalo no solo se limita a los 31.571 millones de pesos inicialmente mencionados. Durante el juicio, se presentaron nuevas evidencias que sugieren la existencia de emisiones fraudulentas vinculadas a centros médicos adicionales que no formaron parte de este caso específico. Con base en estos nuevos antecedentes, la Fiscalía estima que el total de montos implicados podría superar los $50 mil millones, aunque estos datos no corresponden exclusivamente a las estructuras que fueron juzgadas en este juicio.
El tribunal también ha tomado medidas adicionales al ordenar el comiso de bienes relacionados con los condenados por lavado de activos. Esta decisión incluye la confiscación de vehículos, propiedades y el congelamiento de más de $1.000 millones que se encontraban en cuentas corrientes de los involucrados. Esta acción busca desarticular los recursos obtenidos de manera ilícita y reafirmar el compromiso del sistema judicial en perseguir el crimen organizado en el ámbito de la salud.
Este caso ha reavivado el debate sobre la corrupción dentro del sistema de salud y la necesidad urgente de implementar medidas más rigurosas en el control de la emisión de licencias médicas. El Gobierno, reconociendo la gravedad de la situación, ha ingresado discusiones inmediatas sobre diez iniciativas de seguridad dirigidas a prevenir futuros fraudes de grandes proporciones como el ocurrido en este caso específico. La sociedad civil espera que estas acciones no solo sirvan para castigar a los culpables, sino que también prevengan que hechos similares se repitan en el futuro.
