El subprefecto David Castro, quien estaba al frente de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI), fue arrestado este fin de semana tras ser formalmente acusado de abuso sexual. Castro, conocido por ser un funcionario de alto perfil debido a su participación en investigaciones emblemáticas como el fraude en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y el caso de estafa que afectó a la actriz Amparo Noguera, se encuentra en el centro de un escándalo que ha sacudido a la institución. Asimismo, se le asocia con la investigación sobre la red de licencias médicas fraudulentas del Fonasa, lo que añade un peso significativo a su ya controvertida trayectoria profesional.
El abuso denunciado ocurrió durante una celebración en la residencia de un alto miembro de la PDI, donde Castro supuestamente insistió en realizar tocamientos no consentidos a una subordinada. Tras el incidente, la víctima optó por abandonar el evento, siendo acompañada por colegas, y expresó su deseo de presentar una denuncia formal. Esta decisión se llevó a cabo con el respaldo de la alta dirección policial, lo que evidencia la seriedad del caso y el compromiso de la institución con la protección y el respeto hacia sus funcionarios.
De manera inmediata, la PDI tomó medidas ante la denuncia. La funcionaria afectada fue trasladada a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales donde pudo formalizar su denuncia. Las autoridades, con la autorización del Ministerio Público, comenzaron a recopilar evidencias necesarias para sustentar la acusación. Este enfoque proactivo permitió que se concretara la detención de Castro, quien fue presentado ante el Tribunal de Garantía para enfrentar las acusaciones en su contra, un paso que refuerza el compromiso de la PDI con la justicia.
La situación se complicó aún más para el subprefecto, quien decidió renunciar a su cargo al poco tiempo de ser acusado. Este acto voluntario se interpreta como una medida de distanciamiento ante las graves imputaciones que enfrenta. La renuncia refleja no solo la presión social y mediática alrededor del caso, sino también el impacto que estos escándalos tienen en la estructura interna de la Policía de Investigaciones, donde la confianza y la imagen institucional son primordiales.
Mientras tanto, el juez ha estipulado un periodo de 90 días para la investigación, en el cual se incluirá la revisión de posibles registros fotográficos que podrían ser decisivos para el caso. Durante este lapso, el tribunal ha impuesto medidas preventivas que incluyen el arraigo nacional para Castro y la prohibición de acercarse a la víctima y su lugar de trabajo. Además, se le ha prohibido poseer armas de fuego, garantizando así la seguridad de la denunciante y generando un ambiente de expectativa en torno al desenlace de esta grave acusación.
