La Corte de Apelaciones de Puerto Montt ha ratificado una importante sentencia que condena a la empresa Gestión Ambiente S.A. y a la Municipalidad de Quellón al pago de 600 millones de pesos como indemnización a dos trabajadores de aseo, quienes sufrieron graves amputaciones en un accidente laboral ocurrido en agosto de 2021. Esta decisión judicial representa un hito significativo en la protección de los derechos laborales en Chile, enfatizando la responsabilidad de las empresas y municipios en garantizar la seguridad de sus empleados.
El trágico accidente tuvo lugar cuando José Oyarzo y Carlos Villegas, recolectores de basura, viajaban en la parte trasera de un camión recolector que fue impactado por un bus cuyo conductor estaba bajo los efectos del alcohol. Las pruebas aportadas indicaron que el método de transporte empleado era no solo imprudente, sino también ilegal, ya que los trabajadores estaban expuestos al peligro sin la protección adecuada, lo que resultó en lesiones extremadamente graves.
El tribunal concluyó que la práctica de trasladar trabajadores en la parte posterior del camión vulneró la obligación de la empresa y del municipio de proteger la vida y salud de sus empleados. Además, un informe técnico de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) sugirió que el accidente podría haberse evitado si los trabajadores hubieran sido transportados dentro de la cabina del vehículo, de acuerdo con las normativas de seguridad vigentes.
La demanda fue interpuesta por el abogado Francisco Paredes, del estudio jurídico Adams Legal, reconocido por su enfoque en accidentes laborales. Su labor ha sido fundamental para que se reconozcan las responsabilidades y se tomen acciones legales en casos donde la seguridad de los trabajadores se ve comprometida. Esta sentencia no solo ayudará a Oyarzo y Villegas a recibir una compensación por sus lesiones, sino que también establece un precedente que podría prevenir futuros incidentes similares en toda la nación.
Cada uno de los trabajadores recibirá 300 millones de pesos, un monto que busca indemnizar no solo los daños físicos sufridos, sino también las consecuencias emocionales y psicosociales derivadas de este lamentable suceso. La resolución fue adoptada de manera unánime, lo que refuerza el compromiso del sistema judicial chileno con la promoción de condiciones laborales seguras y justas, asegurando que todos los trabajadores cuenten con un entorno laboral que respete su integridad y dignidad.
