La Fuerza Aérea de Chile (FACh) se ha visto envuelta en un escándalo tras la revelación de que varios de sus funcionarios, a pesar de estar sujetos a una prohibición legal, habrían participado en apuestas en casinos de juego. Este lunes, la institución confirmó haber tomado conocimiento de esta situación y ha declarado que considera estos hechos con la máxima seriedad. Según el comunicado, la FACh aseguró que se realizará una revisión inmediata de los antecedentes relacionados, con el objetivo de determinar si hay responsabilidades administrativas y, en caso de ser necesario, implementar las medidas disciplinarias correspondientes según la normativa vigente.
El aviso de la FACh coincide con un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que cientos de funcionarios públicos han llevado a cabo transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos, por un monto superior a los 11 mil millones de pesos. A lo largo de un año y medio, desde enero de 2024 a junio de 2025, un total de 910 funcionarios de 371 entidades del Estado realizaron estas apuestas, lo cual contraviene las regulaciones existentes que prohíben a este sector participar en juegos de suerte o azar.
Dentro del análisis realizado por la CGR, se destaca que 181 de estos trabajadores concentran el 96,8% del total de las transacciones, lo que equivale a más de 11 mil millones de pesos. Esta cifra es alarmante, más aún si se considera que algunos individuos han apostado cifras que superan el mil millones de pesos, un monto que no refleja sus ingresos salariales. Esta discrepancia ha generado cuestionamientos sobre la integridad y el manejo ético de los fondos por parte de estos funcionarios.
La FACh ha reiterado su compromiso con la probidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública, afirmando que no respaldará conductas individuales que se aparten de la ley ni de los valores institucionales. Este mensaje busca tranquilizar al público y dejar claro que la institución tomará las acciones necesarias para prevenir y sancionar situaciones similares en el futuro, resaltando así su firme postura frente a la corrupción y el abuso de poder.
El hecho de que la CGR haya detectado tales irregularidades no solo pone en entredicho la confianza del público en las instituciones estatales, sino que también obliga a un examen más profundo de la cultura ética dentro del servicio público. Los próximos pasos de la FACh serán cruciales para restaurar la confianza de la sociedad, y se espera que las medidas implementadas sean contundentes y efectivas para evitar que este tipo de incidentes se reproduzcan en el futuro.
