El asesinato de Marco Antonio Suástegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), ha suscitado una oleada de condenas a nivel nacional e internacional. Suángulo ocurrió el 18 de abril en Acapulco, mientras Suástegui era atacado a balazos al intentar acceder a la playa Icacos. Este hecho ha vuelto a poner en evidencia la crisis de violencia que enfrentan aquellos que defienden el medio ambiente y los derechos humanos en México. Organizaciones internacionales, así como el Gobierno de México, han expresado su repudio y han exigido que se realicen las investigaciones pertinentes para esclarecer este atentado y llevar a los responsables ante la justicia.
Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), manifestó su apoyo a la familia de Suástegui. Medina hizo un llamado a la creación de un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos en el país, destacando la necesidad de que todas las líneas de investigación en el caso de Suástegui sean tomadas en cuenta. Este acontecimiento ilustra mecanismos de violencia que, desafortunadamente, se han vuelto comunes para quienes se oponen a megaproyectos en Guerrero, una región marcada por luchas históricas en defensa de la tierra y los recursos naturales.
La ONU-DH también se unió a las voces que condenan el crimen, recordando los episodios de criminalización que vivió Suástegui anteriormente por su valiosa labor en favor de las comunidades y el medio ambiente. A través de un comunicado en su red social, el organismo enfatizó la urgencia de llevar a cabo una investigación eficaz, rápida y que tome en cuenta el contexto en que se desarrolló su activismo. Este apoyo internacional subraya la importancia de la lucha de los defensores de derechos humanos en una región donde los intereses económicos parecen prevalecer sobre los derechos de las comunidades.
Tras el ataque, Marco Antonio Suástegui fue trasladado al hospital Aqua, donde lamentablemente falleció debido a complicaciones administrativas asociadas con las heridas de bala. Su intermitente presencia y liderazgo habían sido fundamentales en la oposición al proyecto de la presa La Parota, que ha enfrentado férrea resistencia por parte de comunidades locales que ven amenazados sus territorios y modos de vida. La muerte de Suástegui no solo representa una pérdida dolorosa para su familia y amigos, sino un severo retroceso para la lucha social en Guerrero y en todo el país.
La situación en Guerrero pone de manifiesto la violencia sistemática que enfrentan los ambientalistas y defensores de derechos humanos en México. En el presente año, al menos 25 ambientalistas han sido asesinados, evidenciando un patrón alarmante de agresiones. La comunidad internacional observa con atención este contexto, ya que el asesinato de figuras como Suástegui alimenta una creciente preocupación por la seguridad de quienes atreven a desafiar los proyectos que ponen en riesgo la vida comunitaria y el medio ambiente. La urgencia de un cambio integral en las políticas de protección se convierte en un imperativo moral ante la creciente ola de violencia que arrasa con las voces de quienes defienden la tierra.
