En Chile, el debate sobre las condiciones energéticas en los hogares ha cobrado un nuevo impulso con el inminente aumento en las cuentas de la luz, previsto para julio de este año. Según estimaciones, este incremento alcanzará un promedio del 2,4% a nivel nacional, aunque se estima que en las regiones del sur del país, el impacto será mucho más significativo, superando incluso el 16% en ciudades como Valdivia y Puerto Montt. Esta situación ha llevado a especialistas a cuestionar cómo las condiciones energéticas varían según el territorio, los ingresos y el tipo de vivienda, planteando serias preocupaciones para las familias que viven en zonas frías, especialmente aquellas con viviendas mal aisladas y escasas alternativas de calefacción.
Carlos Villalobos Barría, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, destaca la heterogeneidad de la realidad energética en Chile. «No podemos reducir el debate al impacto promedio de este nuevo aumento; debemos considerar cómo varía en diferentes contextos. Por ejemplo, en el sur del país, muchas familias dependen intensivamente de la electricidad para calefacción y, por ende, su carga financiera será considerablemente mayor». Esta reflexión revela no solo la vulnerabilidad de ciertas localidades, sino también una debilidad en el diseño de las políticas públicas que no abordan de manera adecuada las particularidades energéticas de cada región.
Villalobos sugiere que, en lugar de enfocarse únicamente en los precios de la boleta de electricidad, es fundamental contemplar estándares de construcción más sostenibles y eficientes que permitan a las familias reducir su gasto energético. La eficiencia energética juega un papel crucial en el bienestar de los hogares, porque el tipo de aislamiento y los estándares de construcción de las viviendas inciden directamente en los costos que enfrentan durante el invierno. De esta manera, invertir en mejoras estructurales podría resultar en un alivio económico considerable para las familias más afectadas.
Otro aspecto relevante que destaca Villalobos es la necesidad de revisar los contratos de suministro eléctrico entre empresas generadoras y distribuidoras. Muchos de estos contratos son antiguos, algunos incluso previos a 2014, lo que ha llevado a que los precios que enfrentan los consumidores no reflejen las realidades tecnológicas actuales. El académico enfatiza que estos contratos desactualizados pueden agravar la situación de los clientes regulados, quienes son los más vulnerables frente a los continuos incrementos en el costo de la electricidad.
Finalmente, Villalobos menciona la deuda acumulada que las tarifas eléctricas han generado desde el congelamiento tarifario iniciado en 2019, a raíz del estallido social y la pandemia de COVID-19. Esta deuda, que ha crecido hasta alcanzar los 5.500 millones de dólares, podría llegar a 6.500 millones para el 2035 si se consideran los intereses acumulados. Esta situación no solo plantea un desafío para la sostenibilidad del sistema eléctrico, sino que también subraya la urgencia de repensar la forma en que se administran y regulan los servicios básicos en el país, priorizando siempre el bienestar de los hogares chilenos.
