Más de cinco décadas después de que Bernarda Vera fuera inscrita en la lista oficial de detenidos desaparecidos del régimen de Augusto Pinochet Ugarte, el caso resurge con nuevas disputas sobre su paradero. Según la consigna de BioBioChile, su nombre figura entre las víctimas del Informe Rettig cuyo paradero sigue siendo un misterio, mientras que reportajes de Chilevisión y del sitio Reportea aseguran que Vera podría estar viva y residir en Argentina, un hecho que pone en tela de juicio tanto al Gobierno como al Plan Nacional de Búsqueda.
De acuerdo al Informe Rettig, Tomo III, Vera era profesora primaria, militante del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario; fue detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún, Región de Valdivia. Se presume que habría sido ejecutada junto a otros prisioneros en el puente Villarrica, sobre el río Toltén. Desde entonces se la consideró desaparecida. Su hija la buscó incansablemente durante décadas. Y, de hecho, el Estado la reconoció como víctima de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que su familia recibe reparaciones, como una pensión.
El quiebre en la versión oficial por Bernarda Vera comenzó con testimonios como el de José Bravo, exmilitante del MIR, que aseguró que Vera logró escapar hacia la montaña junto a un grupo de sobrevivientes liderado por Svante Grande, conocido como “Julio”. Parte de ese grupo habría huido a Argentina y, posteriormente, a Suecia. Documentos del Servicio de Migraciones sueco revelan que en 1978 se otorgó un visado y permiso de residencia a una mujer con la identidad de Bernarda Vera; en 1984 obtuvo la nacionalidad sueca, lo que implicó la pérdida de su documentación chilena. De acuerdo a los antecedentes, la mujer se estableció en Europa, tuvo hijos y años más tarde habría retornado a Argentina.
Reportajes que destaparon la polémica indicaron que en 2024, periodistas de Chilevisión ubicaron en Mar del Plata a una mujer llamada Bernarda Vera, con fecha de nacimiento coincidente, aunque con un año distinto al registrado en Chile. Su propio hijo reconoció que se trata de la misma persona. “Ella siempre supo que este momento llegaría, pero no tiene miedo a nada”, aseguró. La propia Vera ha evitado referirse a su pasado, declarando —a través de su familia— que solo quiere vivir en paz. Este hallazgo ha generado críticas a la gestión de las autoridades: el exjefe de la Brigada de DDHH de la PDI, Sandro Gaete, afirmó que el Plan Nacional de Búsqueda conocía esta información desde hace más de un año y medio, pero que no se denunció oportunamente, y que Gaete renunció en medio de la controversia. La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, sostuvo que la primera información “documental y concreta” fue recibida recién en mayo de 2025, coincidiendo con las indagatorias periodísticas; Reportea, por su parte, afirmó que la Cancillería ya había informado a las autoridades y a la familia en Chile un mes antes.
En medio de la polémica, el ministro en visita y presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, abrió un cuaderno reservado para indagar lo sucedido y determinar si el Estado manejó la información de forma adecuada. Esta indagatoria podría ser clave para esclarecer lo sucedido y determinar si hubo o no la debida diligencia de las autoridades de Gobierno para esclarecer el caso de Bernarda Vera. En ese marco, el equipo de CHV Noticias llegaron a encontrarse con Vera en Argentina, en un encuentro que reavivó el debate sobre la verdad y la memoria, y que invita a revisar la gestión del Plan Nacional de Búsqueda.
