Después de intensas negociaciones y tres días de protestas, los habitantes de San Miguel Xoxtla lograron lograr un acuerdo con las autoridades locales que pone fin a la bloqueada del tramo carretero México-Puebla. A raíz de un diálogo exitoso entre residentes, autoridades municipales y el gobierno estatal, se llegaron a compromisos importantes para suspender la extracción de agua del pozo 4, gestionado por la empresa Concesiones Integrales. Al amanecer del 30 de mayo, la tensión en la región comenzó a disminuía y la población se sintió aliviada por la apertura de un camino hacia el diálogo y la solución de sus demandas.
El menú de acuerdos, principal en la discusión, incluye la desactivación del pozo 4 y su custodia por parte de la comunidad, una medida que busca garantizar que el vital líquido no se extravíe sin un uso claro y consentido. Habitantes de Xoxtla han denunciado que el 50% del agua extraída se destina a la capital poblana, poniendo en riesgo la disponibilidad de este recurso en su propia comunidad. Este problema, subrayan los residentes, ha persistido durante los últimos tres años sin que se implementen respuestas efectivas a sus demandas.
El consejo municipal, encabezado por el síndico municipal Miguel Hernández Azucena, ha accedido a celebrar una sesión abierta el 2 de junio a las 4:00 p.m., en la que se discutirá la posible cancelación del contrato con Concesiones Integrales S.A. de C.V. Este paso resulta fundamental para dar voz a los reclamos de los ciudadanos, que han sentido que sus preocupaciones y necesidades han sido ignoradas durante demasiado tiempo por las autoridades encargadas de la gestión de recursos hídricos en la región.
Los resentimientos hacia la gestión del agua han cobrado fuerza entre los pobladores, quienes han dirigido sus críticas hacia la presidenta municipal Guadalupe Ortiz Pérez, a quien acusan de inacción y desinterés ante situaciones críticas, tales como las que enfrenta su comunidad. La privatización del agua continúa siendo un tema de vehemente debate, con un enorme descontento social en crecimiento que exige una revisión de las decisiones tomadas por las autoridades en relación con este recurso esencial para la vida.
La promesa del gobierno de retirar la presencia de las fuerzas de seguridad pública, incluyendo municipal, estatal y la Guardia Nacional, es parte del acuerdo alcanzado y está diseñada para devolver la paz al vecindario que se vio sumergido en la agitación durante las movilizaciones. Los residentes esperan que esta medida sea el inicio de un proceso más amplio por el reconocimiento y protección de sus derechos, y que finalmente se revierta cualquier acuerdo que conceda a una empresa privada la explotación del agua que pertenece a la comunidad.
