El abogado de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, Juan Carlos Mendoza, ha solicitado al gobierno federal que detenga las acciones en el rancho El Saucito, propiedad de su cliente. Esta petición se produce en medio de una creciente tensión entre las autoridades y las comunidades rurales, en un contexto de crisis hídrica que ha golpeado severamente al norte del país. Mendoza ha calificado de «fuera de la ley» la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual incluye la demolición de represas y la clausura de pozos, acciones que él sostiene no solo vulneran los derechos de Duarte, sino que también afectan a los ejidatarios que dependen de esos recursos para su subsistencia.
Por otra parte, los ejidatarios del área han mostrado su apoyo al acceso comunitario al agua. Un acuerdo firmado por el ayuntamiento de Balleza permite a los ejidatarios utilizar el agua almacenada en las represas para diversas necesidades, incluyendo el abastecimiento humano y agrícola, así como para la prevención de incendios. Este acuerdo subraya la importancia del acceso al agua tanto para la comunidad del ejido El Trigueño como para la conservación de los recursos hídricos de la región. Ocho ejidatarios, entre ellos Luis Bustillos y Alejandro Orpinel, han promovido un recurso legal que busca garantizar este acceso frente a las acciones recientes de Conagua.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ha apoyado las medidas de intervención de Conagua, argumentando que la situación hídrica en el estado es grave y requiere de acciones decisivas. Campos criticó el hecho de que un exfuncionario, en referencia a Duarte, se beneficie en medio de una crisis en la que muchas comunidades están luchando por el acceso al agua. Según ella, la decisión de retirar el agua y redistribuirla entre la población es un paso positivo que beneficiará a todos los chihuahuenses.
Asimismo, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, ha informado que las acciones de Conagua se llevan a cabo bajo las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha hecho hincapié en la supervisión de los recursos hídricos en regiones que enfrentan sequías extremas como Chihuahua. De la Peña resaltó que es imperante atender las necesidades urgentes de los ciudadanos y garantizar que el agua, un recurso vital, esté disponible para todos y no esté en manos de unos pocos.
La tensión entre las autoridades federales y las comunidades rurales sobre la gestión del agua en Chihuahua es un claro reflejo de la problemática más amplia que enfrenta el país en este momento. Mientras los ejidatarios buscan garantizar su acceso a un recurso que les es esencial, las autoridades argumentan la necesidad de tomar medidas para la preservación del agua. La situación sigue en desarrollo, con un amparo legal en curso que podría determinar el futuro no solo de El Saucito, sino también de numerosas comunidades que dependen de sus recursos hídricos para sobrevivir.
