Una encuesta reciente realizada por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales revela preocupantes percepciones sobre la corrupción y el funcionamiento de la justicia en Chile. De acuerdo con el estudio, el 80% de los encuestados considera que la corrupción está muy extendida en el país, con un abrumador 61% señalando que esta se concentra tanto en el ámbito público como privado. Esta percepción se extiende a la aplicación de la justicia; un 84% de los ciudadanos opina que el dinero y los contactos influyen considerablemente en los resultados de los juicios, lo que sugiere una profunda desconfianza en el sistema judicial y en su capacidad para sancionar a quienes ostentan poder económico y político, en contraste con la sanción de delitos menores que se perciben como más fácilmente castigables.
A lo largo de la encuesta, se observó que el 73% de los chilenos considera que el sistema judicial aplica criterios distintos según el nivel socioeconómico de las personas. Esto se ve reforzado por la percepción de impunidad entre los crímenes cometidos por figuras económicas y políticas; por ejemplo, más del 60% de los encuestados cree que el uso de influencias y contactos no conlleva una sanción adecuada. Estas cifras resaltan una percepción inequívoca de que el sistema judicial favorece a quienes tienen recursos, creando un ambiente de privilegios que perpetúa la desigualdad en el acceso a la justicia.
La encuesta también pone de manifiesto cómo estas percepciones de corrupción y abuso se manifiestan en la vida cotidiana de los ciudadanos. Un 77% ha presenciado a personas utilizando contactos para obtener beneficios indebidos, mientras que un porcentaje significativo ha observado comportamientos como no pagar pasajes en transporte público o estacionarse en lugares reservados. Esta visión de abuso de normas sociales se extiende según el contexto, tanto en el ámbito privado como en el público, reflejando un descontento generalizado con las prácticas que socavan la confianza social.
El estudio también profundiza en la percepción de las desigualdades inherentes al acceso a oportunidades en Chile. Un notable 82% de los encuestados sostiene que tener dinero o contactos pesa más que el talento y la preparación en la consecución de logros. Además, el 80% concuerda en que la educación y la salud de calidad siguen siendo privilegios limitados a unos pocos. Estas afirmaciones evidencian una enorme brecha en la percepción de mérito, destacando cómo las condiciones de origen y los privilegios juegan un papel crucial en la vida de las personas.
Por último, la encuesta también aborda cuestiones de derechos y libertades personales, encontrando un fuerte apoyo hacia temas como la eutanasia y el aborto en tres causales, con cifras del 68% y 72%, respectivamente. Este respaldo hacia políticas que promueven la autonomía personal sugiere una tendencia hacia una mayor apertura social y un desafío a las estructuras de privilegio que han dominado la política chilena. A medida que se acercan las elecciones, estos hallazgos podrían influir significativamente en la decisión de voto de los ciudadanos, quienes demandan un cambio que represente una genuina transformación del sistema.
