En un reciente informe, la Contraloría reveló un escándalo que involucra a miles de funcionarios públicos en Chile, quienes utilizaron licencias médicas para vacacionar en el extranjero. Este hallazgo no es un simple error administrativo; más bien, es un síntoma preocupante de una enfermedad sistémica que afecta la relación entre lo público y lo privado. Este contexto invita a cuestionar cómo se ha transformado lo colectivo en un mero botín personal, donde el bien común parece ser secundario frente a intereses individuales y corporativos. La corrupción, que debería escandalizarnos, se ha normalizado en un sistema que permite que los poderosos escapen sin consecuencias, ya que a menudo los grandes defraudadores se enfrentan a sanciones simbólicas en lugar de penales.
La tradición de corrupción en el país nos lleva a la reflexión sobre el estatus especial que poseen los funcionarios públicos. Este grupo de personas no solo se rige por normas laborales comunes; su rol es fundamentalmente institucional, ya que están al servicio de la comunidad. Es en este punto donde se requiere un cambio de mentalidad: quienes ejercen el poder público deben estar sujetos a reglas más estrictas y a un comportamiento ético que trascienda el miedo a perder puestos o ser objeto de represalias. Como bien afirma el filósofo John Locke, la administración de lo público debe ser un compromiso que trasciende lo individual, y cualquier desviación de este principio debe ser tratada con rigor.
Sin embargo, a pesar de los abusos que se han evidenciado, es esencial reconocer que una gran mayoría de funcionarios públicos desempeñan su labor con dedicación y ética. En hospitales, escuelas y municipios, estos individuos sostienen con dignidad el aparato estatal, a menudo en circunstancias desfavorables, en un esfuerzo constante por cumplir con su deber. Es el mismo marco legal que establece deberes éticos que se convierte en un escudo para aquellos que operan fuera de la ley. Esta doble moral significa que, mientras los que roban en el sector privado enfrentan despidos inmediatos, en el ámbito estatal, muchas veces se ocultan las faltas, lo que genera un ambiente de miedo y complicidad que impide la denuncia de actos de corrupción.
La urgencia de implementar reformas significativas en el sistema público se hace evidente. Se necesita establecer canales de denuncia seguros y anónimos que proporcionen a los trabajadores la confianza necesaria para reportar irregularidades sin temor a represalias. Además, es imperativo fomentar una reconstrucción ética que revitalice el sentido de servicio público, inspirando a los funcionarios a actuar desinteresadamente y colocar los intereses de la comunidad por encima de los personales. La escritora Simone Weil nos recuerda que ‘la responsabilidad es la forma más pura del amor’, un principio que debe prevalecer en el ejercicio de la función pública.
Finalmente, la premisa de que lo común es lo único que puede salvarnos se vuelve más urgente que nunca. La remoción de la corrupción y la recuperación de lo público no son solo objetivos necesarios; son la única vía para evitar que la degradación institucional se convierta en una norma aceptada en la sociedad. Si no se actúa en este sentido, corremos el riesgo de ver un futuro donde lo individual predomina sobre lo colectivo, dejando a la sociedad en un desierto desprovisto de las solidaridades y responsabilidades que nos unen. Reconstruir lo público debe ser nuestra prioridad, un desafío colectivo que exige un compromiso serio y resolutivo.
