Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y de la consultora OpenBBK, se ha pronunciado sobre las recientes medidas anunciadas por el gobierno chileno, afirmando que si bien estas «ayudan, no cambian la esencia del problema»: la alta dependencia de Chile de variables externas, cuyo impacto se siente inevitablemente. La preocupante alza en los precios de los combustibles, que incluye un aumento de $370 por litro para la gasolina y $570 para el diésel, pone de manifiesto esta vulnerabilidad económica, la cual está profundamente enraizada en factores que el país no puede controlar, como el precio internacional del petróleo y el tipo de cambio.
El impacto de estos incrementos en los precios se traduce rápidamente en un aumento del costo de vida para los ciudadanos chilenos. Urzúa advierte que el fenómeno no solo afecta a quienes deben llenar el estanque de sus vehículos, sino que rápidamente se extiende por toda la cadena de producción. Sectores como el transporte, la alimentación, la logística y la construcción empiezan a ajustar sus precios, lo que a su vez genera un efecto en cadena que provoca un aumento generalizado en los costos y, por ende, en los precios finales. La situación se vuelve especialmente preocupante, ya que la inflación comienza a reflejar este impacto en el corto plazo.
Desde el punto de vista inflacionario, el académico de la UNAB estima que la reciente subida en los combustibles podría aumentar la inflación entre 0,8 y 1,2 puntos porcentuales este año. Sin embargo, si se consideran los efectos indirectos, el impacto total podría oscilar entre 1,2 y 2 puntos adicionales, dependiendo de la duración del actual escenario de aumento de precios. Esto significa que no se trata solo de un problema de corto plazo, sino de una presión económica que puede persistir a lo largo del tiempo, comprometiendo la estabilidad económica del país.
Urzúa también subraya que, a pesar de los esfuerzos del estado por mitigar estos efectos a través de mecanismos como el Mepco, que trabaja como un estabilizador tarifario, este buffer tiene un costo fiscal significativo. En momentos de alta volatilidad, mantener este tipo de medidas se vuelve más complicado y costoso para el gobierno. Las recientes decisiones, como el congelamiento de tarifas de transporte público y la estabilización del precio de la parafina, son intentos de equilibrar la situación, aliviando a los hogares en un frente mientras se busca compensar en otro, como la aplicación temporal de impuestos a sectores que antes estaban exentos.
Finalmente, Urzúa concluye que, aunque las medidas implementadas por el gobierno buscan aliviar el impacto de estos aumentos en los combustibles, no abordan de forma integral la dependencia estructural de Chile respecto a factores externos que continúan imponiendo presión sobre su economía. «Lo que observamos es una combinación de factores externos que elevan los costos y un estado que intenta amortiguar el golpe con recursos fiscales limitados, mientras que la economía se ve forzada a absorber gran parte de esta adaptación», señala el analista, enfatizando que es urgente encontrar soluciones más sostenibles ante esta problemática crónica.
