El Gobierno chileno está en la búsqueda de una solución de última hora ante la inminente orden de desalojo de la megatoma más grande del país, ubicada en el cerro Centinela de San Antonio, donde residen aproximadamente 10.000 personas. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ha fijado para el 27 de febrero el inicio del proceso de erradicación, una situación que ha generado gran preocupación tanto a nivel gubernamental como entre los pobladores. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, ha señalado que las conversaciones continúan entre el Ejecutivo y los propietarios del terreno, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que sea favorable para ambas partes.
Cordero ha explicado que, aunque otros desalojos han ocurrido sin mayores problemas, la magnitud de este caso es única en Chile, dado que involucra a unas 4.000 familias y un asentamiento construido en un terreno privado de 260 hectáreas. El subsecretario destacó la necesidad de coordinar el desalojo de manera que se cumplan las condiciones impuestas por la Corte, lo que incluye un enfoque sensible hacia grupos vulnerables como niños y personas mayores. Además, se ha enfatizado la importancia de ofrecer soluciones habitacionales adecuadas para aquellos que serán desalojados.
Desde el asentamiento, la dirigente Karina Ayala ha manifestado la firme intención de los vecinos de resistir el desalojo, asegurando que están dispuestos a luchar por sus viviendas y que nunca se ha considerado seriamente la opción de un desalojo voluntario. Ayala ha indicado que, aunque se les propuso la formación de una cooperativa, los habitantes siempre han estado abiertos a la compra de sus terrenos, lo que refleja una profunda conexión con el lugar que consideran su hogar.
Por su parte, el abogado Diego Pereira, quien representa a los propietarios del terreno, ha expresado su disponibilidad para llegar a un acuerdo que incluya la compra del mismo, pero ha criticado la falta de claridad por parte del Gobierno en cuanto a los procesos de constitución de cooperativas y financiamiento. Pereira ha señalado que, ante la incertidumbre, la única opción viable será llevar a cabo el desalojo tal como lo ha ordenado la justicia, lo que añade un nivel de tensión a la situación.
El alcalde de San Antonio, Omar Vera, ha reiterado que el municipio no está preparado para gestionar un desalojo de esta magnitud y ha hecho un llamado a las autoridades para encontrar una solución que evite conflictos. Vera ha enfatizado la necesidad de considerar el bienestar de las personas afectadas, incluidos niños, ancianos y migrantes, al tiempo que reconoce los derechos de los propietarios. Mientras tanto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha indicado que se están realizando esfuerzos para formalizar las cooperativas que permitirían a los residentes permanecer en el área, con esperanzas de que se logre un acuerdo antes del desalojo programado.
