La reciente ceremonia de homenaje a 65 profesores jubilados en Santiago se tornó en una dramática escena de violencia y confrontación, interrumpida por integrantes de la Asociación de Asistentes de la Educación (AFESA). Este evento, celebrado en el Centro Cultural CEINA, debía reconocer la trayectoria de estos educadores, pero se convirtió en un nuevo escándalo en la gestión del alcalde Mario Desbordes (RN). Según el propio municipio, los asistentes mostraron su descontento a través de pancartas y gritaban consignas, lo que escaló en enfrentamientos físicos con otros presentes antes de ser desalojados por el personal de seguridad.
Los altercados no cesaron con la finalización del homenaje; el alcalde Desbordes y su equipo fueron objeto de ataques, además de la vandalización de vehículos municipales. Este episodio pone de manifiesto la creciente tensión entre el alcalde y diversos sectores de la educación, un problema que ha escalado en los últimos meses. En un contexto donde las demandas de los trabajadores educativos son desatendidas, este incidente parece señalar una falta de comprensión de la situación crítica en que se encuentra el sector.
El alcalde Desbordes, en su defensa, aseguró que se reunió con los dirigentes de AFESA una hora antes del homenaje. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, no se ofrecieron respuestas concretas a las inquietudes de los asistentes, limitándose a explicar que «no hay recursos» para atender sus requerimientos. Esta afirmación, lejos de ser una solución, ha alimentado la percepción de un gobernante aislado de las problemáticas reales que enfrentan los empleados de la educación, quienes sienten que sus voces son ignoradas.
A pesar de las recomendaciones del Instituto Nacional de retirarse para evitar más tensiones, Desbordes optó por permanecer, lo que añadió calor a un clima que ya de por sí era tenso. Tras estos acontecimientos, el municipio anunció que buscaría sanciones tanto administrativas como penales contra quienes generaron disturbios. Sin embargo, el enfoque del alcalde ha sido cuestionado al pretender responsabilizar a otros de una situación que él mismo podría haber mitigado con un enfoque más conciliador.
Por su parte, AFESA reaccionó de inmediato a las acusaciones del municipio, desmintiendo los hechos presentados y rechazando cualquier agresión por parte de sus asociados. Exigieron pruebas concretas que respaldaran las declaraciones del alcalde y denunciaron un constante menosprecio hacia su labor. Afirmaron que las movilizaciones eran una respuesta legítima a la falta de atención a sus necesidades. Este cruce de acusaciones pone de relieve la profunda crisis de comunicación entre el municipio y los trabajadores de la educación, lo que podría llevar a un mayor conflicto si no se busca un canal efectivo para el diálogo.
