La Corte Suprema de Chile ha decidido remitir a las Cortes de Apelaciones una lista de 692 funcionarios del Poder Judicial que, según un informe, salieron del país mientras estaban con licencia médica. Esta determinación se produce en el contexto de un escándalo revelado por la Contraloría, que identificó irregularidades en las salidas del país de estos trabajadores. La medida busca establecer un procedimiento disciplinario para investigar este fenómeno que ha empañado la imagen de la institución.
El informe, que abarca un período de cinco años, indica que un total de 1.029 casos de funcionarios que viajaron al extranjero bajo condiciones de licencias médicas fueron detectados, afectando a 692 personas. De estos, 571 funcionarios aún se mantienen en funciones, aunque se aclaró que entre ellos no se halla ningún Ministro o Fiscal de la Corte Suprema. La situación es particularmente alarmante, ya que incluye a 4 Ministros de Cortes de Apelaciones y 84 jueces, lo que pone en duda la integridad del sistema judicial.
A raíz de la gravedad de los hallazgos, la Suprema ha tomado medidas proactivas e informó que la supervisión de las investigaciones recaerá en un único Fiscal Judicial por cada Corte de Apelaciones. Esto se realiza con el propósito de garantizar que los procedimientos sigan un camino ordenado y transparente. La Corte ha enfatizado que las acciones disciplinarias se aplicarán no solo a los funcionarios que aún están en sus puestos, sino también a aquellos que han dejado sus funciones.
Es importante señalar que existe la posibilidad de que algunos de los casos identificados muestren superposición entre licencias médicas y períodos de feriado, un aspecto que será objeto de un examen minucioso durante las investigaciones. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre la población, quienes ahora esperan que el Poder Judicial actúe con firmeza para recuperar su credibilidad.
Este escándalo no solo ha llevado a un análisis interno dentro del Poder Judicial, sino que también ha despertado el interés de la opinión pública, que exige transparencia en el manejo de casos tan serios. Las autoridades judiciales han reiterado su compromiso de solucionar esta situación, aunque la tarea no será sencilla, dado el número de implicados y la complejidad de las licencias médicas. La situación se mantendrá bajo observación y se esperan más detalles conforme avancen los procesos disciplinarios.
