La controversia en torno al nuevo esquema tarifario aprobado por la Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para Transbank ha adquirido una nueva dimensión, lo que ha llevado a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y a varios actores del ecosistema de pagos a recurrir a la Corte Suprema. El fallo, que establece una nueva estructura para el cobro del margen adquirente, ha sido cuestionado por considerarse arbitrario y excluyente, así como por ir en contra de los principios de libre competencia. Hasta la fecha, se han presentado seis recursos de reclamación que destacan las implicancias que el nuevo sistema tarifario podría tener sobre la competitividad del sector.
La FNE ha sido contundente en sus críticas argumentando que el nuevo esquema tarifario no solo se aleja de los principios establecidos por la Corte Suprema, sino que también permite a Transbank aplicar descuentos bajo la figura de meeting competition. Mediante este mecanismo, la FNE sostiene que la empresa podría mantener precios artificialmente bajos, perjudicando así a sus competidores que no poseen la misma capacidad de reducir costos debido a su escala. Esta situación podría comprometer la dinámica competitiva y se argumenta que resultaría en una competencia desleal que beneficiaría solo al operador dominante.
Además, la FNE ha puesto de relieve que las tarifas diferenciadas permitidas por la resolución vulneran el principio de igualdad en el mercado. Esto, añade, significa que las comisiones cobradas deben reflejar estrictamente los costos incurridos, y no ofrecer ventajas injustas a un solo actor del mercado. La posibilidad de desregular las tarifas en función de un cambio en la participación de mercado es vista como una medida problemática, dado que Transbank sigue teniendo un control significativo en el sector, con más del 60% del total de las transacciones en adquirencia minorista.
Por otro lado, empresas de servicios de pago, como Flow y Mercado Pago, han expresado preocupaciones serias respecto a cómo se implementará el nuevo esquema tarifario. Flow, en su alegato, mencionó que las tarifas propuestas inicialmente incrementarían en un 50% el margen adquirente, lo que podría estrangular su capacidad de operar en un mercado ya complicado. Mercado Pago, por su parte, criticó el hecho de que el TDLC modificara las condiciones del Plan de Autorregulación Tarifaria sin seguir los requisitos establecidos por la Corte Suprema, lo que podría tener repercusiones importantes en el mercado.
El debate también ha resonado entre las empresas del grupo Falabella, que, junto a otros comercios, han solicitado explícitamente a la Corte Suprema revisar el fallo. Su argumento principal gira en torno a las «contradicciones internas» que presenta la resolución del TDLC al validar una estructura tarifaria que no se apoya en criterios claros de costos. Desde su visión, esto podría dar pie a subsidios cruzados que afecten la viabilidad de competidores y, en última instancia, la oferta y precios al consumidor final. La discusión, que aún no encuentra un cierre, pone en manifiesto la complejidad de la regulación en un sector tan dinámico y en transformación.
