El reciente anuncio del Gobierno de José Antonio Kast sobre un nuevo estado de excepción constitucional ha generado gran preocupación dentro de las Fuerzas Armadas de Chile. Este nuevo marco legal, diseñado para enfrentar el grave aumento del crimen organizado, ha suscitado dudas sobre el papel que desempeñarán los militares en el orden interno y su posible subordinación a la policía durante su despliegue en regiones conflictivas. La discusión se intensifica en un contexto donde la seguridad pública es uno de los temas más urgentes y sensibles para la ciudadanía.
En una reunión que tuvo lugar esta semana, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto a los auditores generales de las Fuerzas Armadas y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordaron los detalles del nuevo estado de excepción. El encuentro, que se prolongó por más de una hora, se centró en el diseño del marco legislativo que podría cambiar significativamente la relación entre civismo y militarización. Aunque el borrador de la reforma menciona la colaboración entre Fuerzas Armadas y policiales, persiste la inquietud sobre cómo se coordinarán estas instituciones y los límites de intervención de los militares.
Fernando Wilson, experto en defensa de la Universidad Adolfo Ibáñez, expresó su preocupación sobre las potenciales confusiones que podrían surgir. Según él, existe incertidumbre sobre las capacidades que tendrán los militares, lo que podría dar lugar a malentendidos en situaciones de crisis. Wilson enfatiza que una falta de claridad sobre las funciones de cada cuerpo, en términos de entrenamiento y equipamiento, puede dificultar una cooperación eficaz entre ambas fuerzas. La falta de preparación podría ser un factor determinante en la efectividad del nuevo enfoque que propone el gobierno.
El exsubsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, también manifestó su desacuerdo con la idea de una subordinación de las Fuerzas Armadas a la policía. Gaspar sugiere que, en lugar de recurrir a los militares para funciones policiales, sería más efectivo reforzar y capacitar a las fuerzas de seguridad pública. Argumenta que la naturaleza y el entrenamiento de las Fuerzas Armadas no son adecuados para las tareas complejas y específicas de control del orden público, lo que subraya la necesidad de un enfoque más estratégico y menos militar en la lucha contra el crimen.
Complicando aún más el panorama, el excomandante en jefe del Ejército, general en retiro Ricardo Martínez, ha manifestado su preocupación respecto a la preparación de los militares para enfrentar el crimen organizado. Martínez recordó que durante su mandato, se intentó involucrar más al Ejército en labores que no correspondían a su formación. Advierte que confundir el papel del Ejército con el de Carabineros, una institución con una cultura y objetivos diferentes, podría llevar a una ineficacia en el abordaje de la seguridad pública.
