El estallido social en Chile, que tuvo lugar en octubre de 2019, se produjo a partir de un diagnóstico equivocado de la élite política, que había comenzado a cuestionar el modelo socioeconómico desde 2009-2010. A pesar de las múltiples críticas, numerosos analistas como Ex-Ante sostienen que el modelo había proporcionado buenos resultados para el país. Sin embargo, la fragmentación del sistema de partidos y la erosión de los vínculos entre votantes y partidos aumentaron la vulnerabilidad de la situación política, lo que se acentuó con el retorno del gobierno de Michelle Bachelet, quien implementó reformas estructurales que generaron diversas reacciones. En este contexto, el Frente Amplio comenzó a agitar las aguas, llevando a que las demandas sociales se transformaran en protestas masivas.
Interesantemente, el estallido no fue inicialmente una protesta en contra de la Constitución de Pinochet, sino que las manifestaciones surgieron de un amplio espectro de descontento social. Sin embargo, los políticos supieron capitalizar este descontento y redirigirlo hacia una lucha constitucional, lo que llevó al país a entrar en un proceso constituyente. La evidencia de los resultados de los plebiscitos que ratificaron la Constitución de 1980 sugiere que ni el modelo socioeconómico ni la Constitución eran los principales problemas que aquejaban a la población, indicando el carácter erróneo de las reivindicaciones iniciales.
El fenómeno del «octubrismo» continúa latente en la sociedad chilena, con la posibilidad de que resurja ante cualquier oportunidad, especialmente en el contexto de un gobierno que no sea del gusto de ciertos sectores. Este descontento social ha mostrado que puede manifestarse de forma violenta y que ha obtenido resultados en el pasado. Las condiciones actuales sugieren que cualquier nuevo descontento podría llevar a un despertar de movilizaciones masivas, como la que se vivió en 2019, especialmente si se considera que los vínculos entre los votantes y las instituciones políticas siguen erosionándose.
A seis años del estallido social, se extrae una conclusión trágica: Chile perdió tiempo valioso que podría haberlo llevado a un desarrollo aún más sólido. El diagnóstico inicial no abordó las realidades subyacentes, llevando al país por un camino erróneo. Las demandas sociales se convirtieron en una farsa en la que, al final, ninguna de las partes involucradas logró su objetivo; como prueba, el Partido Comunista terminó pidiendo votar por una Constitución que antes criticaba. De este modo, Chile ha retrocedido, lo que ha llevado a un deterioro de la situación política y social del país.
El papel del presidente Gabriel Boric ha sido objeto de crítica, pues su postura ha oscilado entre el apoyo a un cambio institucional y la legitimación de las protestas. Si bien firmó el acuerdo del 15 de noviembre que facilitaba un proceso constituyente, previamente había alimentado el descontento hacia el Estado. Muchos argumentan que, si Boric hubiese sido siempre un defensor del enfoque institucional, podría haber restaurado el orden y evitado la crisis económica que se profundizó tras el estallido social y la pandemia de COVID-19. En la actualidad, el país ha visto un descenso en la izquierda y un notable ascenso en la derecha, lo que sugiere un descontento persistente que aún no ha sido abordado de manera efectiva.
