El fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén Campos, ha señalado que desde el inicio de la investigación, siete funcionarios de Gendarmería están acusados por la irregular liberación de Carlos Alberto Mejía Hernández, quien fue liberado el 10 de julio y es señalado como sicario del denominado «Rey de Meiggs». Esta situación ha generado gran inquietud en el ámbito judicial y en la sociedad, ya que los cargos están relacionados con la evasión culpable de un individuo bajo custodia. Este concepto legal implica una falta de diligencia en la protección del detenido, lo que ha llevado a la fiscalía a intensificar sus investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la salida de Mejía del centro penitenciario, quien actualmente se encuentra prófugo.
En el transcurso de la investigación, el fiscal Pastén ha destacado la colaboración por parte de los acusados, quienes entregaron sus teléfonos celulares a las autoridades. Esta acción se enmarca dentro de una serie de medidas intrusivas solicitadas por la fiscalía, que incluye el levantamiento de las cuentas bancarias de los funcionarios de Gendarmería involucrados. La importancia de estas acciones radica en la búsqueda de evidencias que ayuden a determinar la responsabilidad penal de los acusados en el caso de la liberación del sicario, lo que podría derivar en graves implicaciones para los involucrados.
Además, el fiscal ha puesto el foco en la figura de la jueza suspendida Irene Rodríguez, quien es titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago. Rodríguez enfrenta acusaciones de «prevaricación culposa», un delito que apunta a la negligencia inexcusable en el ejercicio de sus funciones. Según Pastén, este delito se produce cuando el juez, teniendo la oportunidad de prevenir un perjuicio, no actúa con la debida diligencia. La gravedad de la situación subraya la responsabilidad de los magistrados, quienes deben ser rigurosos al tomar decisiones que afectan la libertad de los ciudadanos.
En un desarrollo paralelo de la investigación, se ha imputado a una funcionaria del juzgado por «falsificación de instrumento público». Esta acusación se origina en la presunta confección de un documento falso, lo que añade otra capa de complejidad a la trama del caso. Es importante señalar que, a diferencia de la jueza, la funcionaria en cuestión no forma parte del Poder Judicial, lo que podría simplificar el proceso de imputación. La fiscalía continúa activa en su investigación, sin descartar más formalizaciones en relación con la excarcelación irregular de Mejía.
Hasta el momento, la fiscalía ha confirmado la acusación de un total de nueve personas, que incluye a los siete gendarmes, la jueza Irene Rodríguez y la funcionaria del juzgado. La red de responsabilidades en este caso se extiende considerablemente, y el impacto de estas irregularidades podría tener consecuencias de gran alcance en la administración de justicia chilena. La situación resalta la necesidad urgente de evaluar los protocolos existentes en la custodia y liberación de internos, así como las reformas estructurales que podrían ser necesarias para asegurar que casos como este no se repitan en el futuro.
