El presidente José Antonio Kast enfrenta un desafío considerable en su intento por acelerar la política de expulsiones de migrantes en Chile, específicamente de ciudadanos venezolanos. A pesar de que esta fue una de las principales promesas durante su campaña electoral, la situación actual presentada por la Policía de Investigaciones (PDI) ha puesto en jaque su implementación. Según el prefecto Ernesto León, la PDI ha admitido ante el Senado que es «imposible» llevar a cabo expulsiones de alrededor de 6 mil ciudadanos venezolanos debido a la falta de relaciones consulares y la imposibilidad de identificarlos, lo que evidencia las limitaciones estructurales de suplan migratorio.
El contexto se vuelve aún más complicado con el avance del proyecto que busca penalizar el ingreso clandestino al país. Durante la comisión de Gobierno del Senado, la iniciativa, presentada en 2022, se encuentra en una fase crucial, ya que será votada en breve. La presión para que el gobierno demuestre resultados tangibles en su política migratoria es abrumadora y podría influir en la aprobación de este proyecto, que, si se convierte en ley, ampliaría las herramientas para abordar la migración irregular en Chile.
Uno de los puntos más críticos expuestos en la audiencia fue la afirmación de León sobre la parálisis en las expulsiones hacia Venezuela, las cuales se encuentran suspendidas desde junio de 2025. Esto plantea un dilema significativo para las autoridades chilenas, ya que a pesar de la existencia de órdenes de expulsión, la falta de cooperación por parte del gobierno venezolano complica su ejecución. La senadora Danisa Astudillo subrayó la contradicción que representa contar con tantas deportaciones pendientes y, al mismo tiempo, enfrentar obstáculos tan serios para llevarlas a cabo.
La situación no solo es un tema diplomático, sino que también se ve afectada por altos costos operativos. El gobierno chileno estima que cerca de 300 mil migrantes se encuentran en condición irregular en el país. Organizar un operativo de expulsión no solo requiere significativa coordinación internacional, sino que también conlleva costos logísticos elevados, que se estiman en aproximadamente $3 millones por persona. Este aspecto económico se convierte en un argumento usado por la oposición para criticar la viabilidad del ambicioso plan de expulsiones prometido por Kast.
De hecho, el gobierno ya ha experimentado dificultades al intentar ejecutar su plan de deportaciones, como lo evidenció el primer vuelo de expulsión realizado la semana pasada, que incluyó solo a migrantes colombianos, bolivianos y ecuatorianos, dejando fuera a los venezolanos. Esto generó un fuerte debate sobre la efectividad de la política migratoria en curso y puso de manifiesto la necesidad de buscar soluciones más sostenibles y efectivas que aborden tanto el aspecto humanitario como las preocupaciones de seguridad y orden público en Chile.
