Una causa por amenazas de muerte ha comenzado a cobrar relevancia mediática, involucrando a la hija y al yerno de la senadora Fabiola Campillai Rojas. Este caso, que se sitúa en San Bernardo, ha suscitado preocupación tras un episodio revelado por Reportajes de Teletrece, donde se informó que la Policía de Investigaciones trató de ingresar al domicilio de la parlamentaria para realizar diligencias relacionadas con la investigación del yerno, Gerard Cortés Guerrero. Este último enfrenta un juicio por presuntas amenazas y lesiones derivadas de una discusión con vecinos, lo que ha llevado a las autoridades a tomar cartas en el asunto.
Los hechos en cuestión se remontan al 11 de mayo de 2025, cuando, según la Fiscalía, Paloma Castillo Campillai y su pareja, Gerard Cortés, tuvieron un altercado con sus vecinos. En el marco de esta confrontación, una vecina presentó una denuncia indicando que ambos la amenazaron de muerte. La formalización de la acusación incluye declaraciones donde se menciona que Gerardo Cortés, después de descender de un vehículo portando una pistola, le advirtió a un vecino que «lo iba a matar», golpeándolo con el arma en la cabeza. Este episodio ha dejado a la comunidad en estado de shock y a las autoridades en alerta.
Tras recibir la denuncia, la Fiscalía instruyó diligencias para corroborar la existencia de un arma de fuego en el domicilio de la senadora. En este contexto, los detectives de la PDI se presentaron en casa de Campillai para solicitar un ingreso voluntario al inmueble. Sin embargo, la operación fue abortada cuando la familia se negó a permitir el acceso, argumentando la falta de una orden judicial que autorizara la entrada de los funcionarios. Este episodio genera diversas interrogantes sobre los procedimientos y derechos de los ciudadanos en situaciones de este tipo.
La senadora Fabiola Campillai Rojas, por su parte, ofreció una explicación considerable sobre la negativa de permitir el ingreso de la PDI. Según sus declaraciones, antes de la llegada de los detectives, sufrió una crisis de salud y fue atendida en la Bicrim. Una vez estabilizada, regresó a su hogar, donde no tuvo contacto con nadie hasta el día siguiente. Campillai subrayó que la decisión de impedir el acceso de la policía fue basada en una recomendación legal, dado que no presentaban una orden, lo que añade otra capa de complejidad a esta controversia.
Este hecho ha atraído la atención no sólo de la comunidad local, sino de los medios de comunicación a nivel nacional, dejando entrever la tensión existente en la investigación en curso. El caso de la senadora y su familia ha desatado un debate sobre la utilización de la fuerza y los derechos ciudadanos, al tiempo que aumenta la presión sobre las autoridades para que actúen en base a la ley y respeten los derechos de todos los involucrados. Con el juicio de Gerard Cortés en el horizonte, este caso promete seguir siendo un punto de discusión en el ámbito político y social en Chile.
