En la comuna de Padre Las Casas, la reciente condena de Luis Torres Cañoles ha desatado una ola de indignación y reflejado un fuerte compromiso comunitario contra la violencia de género. Una dirigente del sector San Ramón alzó la voz al afirmar que «nunca más en mi pueblo un chacal se va a atrever a tocar a una mujer o a un niño, porque nos vamos a defender». La declaración se produjo tras la noticia de que Torres Cañoles había sido condenado por el brutal asesinato de su expareja y los hijos de ella, un caso que ha marcado a la Región de La Araucanía desde su inicio en 2017 y que pone de manifiesto la necesidad de un cambio profundo en las dinámicas de violencia familiar en la región.
Los hechos que condujeron a la detención del imputado ocurrieron el 4 de junio de 2017, cuando Torres llegó a la casa de su expareja tras celebrar el cumpleaños de su hija. Sin embargo, ese encuentro se tornó trágico cuando se desató un ataque que costó la vida no solo a Roxana Bravo, de 36 años, sino también a dos jóvenes: Nicolás Molina, de 14 años, y Betzabeth Castro, de 17. La fiscalía confirmó que, de acuerdo a las investigaciones, las víctimas no fallecieron por el incendio que afectó a la vivienda, sino que sus muertes se debieron a heridas de arma blanca y golpes contundentes, un detalle escalofriante que remarcó la violencia inusitada de los hechos.
La captura de Luis Torres Cañoles se logró gracias a valiosas testimonios de vecinos que lo vieron merodear por el área después de la tragedia. Inicialmente, se pensó que las circunstancias del incendio que consumió parte de la vivienda habían perjudicado la investigación. Sin embargo, las pruebas forenses del Servicio Médico Legal desmintieron esta teoría y establecieron que los cuerpos presentaban signos de violencia, lo que permitió a la Fiscalía formular cargos adicionales por incendio, aunque este último fue finalmente desestimado durante el juicio por falta de pruebas contundentes que vincularan al acusado con el fuego.
El 30 de junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a Luis Torres a presidio perpetuo calificado por el femicidio de Roxana Bravo, así como por los homicidios de sus hijos. La sala judicial declaró que Torres causó la muerte de las víctimas a través de actos de extrema violencia, se especificaron los métodos utilizados, y se destacó que el agresor no tenía derecho a acercarse a las víctimas, pues había una orden de alejamiento vigente. Esta sentencia refleja no solo la gravedad de sus crímenes, sino también la firmeza de la justicia chilena frente al feminicidio y la violencia familiar.
Las pruebas biológicas presentadas por la Fiscalía jugaron un papel crucial en la confirmación de la culpabilidad de Torres Cañoles. Se encontraron rastros de sangre de las víctimas en su vestimenta el día del crimen, lo que solidificó las acusaciones en su contra. A pesar de que el condenado nunca admitió ser culpable, la acumulación de evidencias y testimonios logró demostrar su responsabilidad en uno de los casos más impactantes de violencia contra la mujer en la región, subrayando tanto el sufrimiento de las familias afectadas como la necesidad urgente de abordar la problemática de género en el país.
