La madrugada del 4 de agosto de 2013, un estremecedor suceso conmocionó a la comunidad de Maipú, cuando Pablo Enrique Pérez González, un hombre de 35 años, decidió confesar un doble homicidio ante un funcionario de Carabineros. Con lágrimas en los ojos, Pérez admitió ser el autor de la muerte de su esposa, Nadia Varas Cuevas, de 33 años, y de su hijastra, Sara Herrera Varas, de apenas 16, a quienes estranguló en el interior de su hogar. Este macabro relato dejó atónitos a familiares y vecinos, quienes no podían entender cómo había ocurrido tal tragedia en su entorno habitual.
La escalofriante revelación no terminó allí. Además de asesinar a la adolescente, Pérez González también confesó haberla violado antes de quitarle la vida. Cuando se encontró a las víctimas, sus dos pequeñas hijas de 4 y 6 años estaban presentes, creyendo erróneamente que su madre se encontraba simplemente dormida. Este detalle aumentó la indignación de los vecinos y dio pie a una reflexión profunda sobre la violencia intrafamiliar que, aunque ya había sido denunciada años antes, no fue suficiente para prevenir el horror.
Pablo Pérez González contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar, habiendo sido sentenciado en 2011 a realizar terapia por sus problemas de drogadicción. Aunque sus amigos lo describían como un hombre tranquilo, el consumo abusivo de sustancias alteró su comportamiento de manera drástica. Según su abogada, él había hecho esfuerzos por salir de sus adicciones, pero la noche del crimen se encontraba bajo los efectos devastadores de las drogas, lo que contribuyó a la brutalidad de sus acciones.
A pesar de los argumentos de arrepentimiento y la alegación de que amaba su familia, el tribunal no mostró clemencia. En marzo de 2016, el Quinto Tribunal Oral en lo Penal condenó a Pérez González a un total de 60 años de cárcel: 20 años por el femicidio de su esposa y 40 años por el homicidio y violación de su hijastra. Durante el juicio, se consideraron agravantes como la alevosía y el abuso de confianza, reflejando la naturaleza despreciable de los delitos cometidos.
La Corte de Apelaciones de Santiago, en mayo del mismo año, confirmó la condena, al rechazar el recurso interpuesto por la defensa del femicida. El fiscal Tufit Bufadel resaltó que ninguna pena podría reparar el daño causado por Pérez González, pero afirmó que la sentencia era justa y adecuada a la gravedad de los crímenes. Este caso continúa resonando en la sociedad, evidenciando la urgente necesidad de abordar la violencia de género y fortalecer la protección de las víctimas.
