El Banco BICE ha dado un paso importante en la lucha contra el fraude al interponer dos querellas criminales en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, señalando prácticas ilegales que han causado un daño económico significativo. Estas querellas están dirigidas a casos de estafa y asociación ilícita que involucran el uso fraudulento de su tarjeta digital GO BICE, resultando en un perjuicio que supera los $196 millones. La entidad está determinada a proteger los fondos de sus clientes y tomar medidas drásticas contra quienes intenten aprovecharse del sistema financiero.
En la primera de las querellas, el banco ha identificado a doce personas que, entre febrero de 2024 y marzo de 2025, presentaron reclamos falsos por giros no autorizados que suman un total de $19 millones. Gracias a un exhaustivo trabajo de investigación que incluyó la revisión de cámaras de seguridad y registros telefónicos, Banco BICE pudo revelar patrones de conducta que apuntan a la existencia de una organización criminal actuando en coordinación. La reciente tendencia de los defraudadores demuestra que han orquestado un esquema donde ellos mismos realizarían las transacciones, para luego reclamar el reembolso de las sumas alegadas como pérdidas.
Otra línea de investigación en curso se centra en un segundo conjunto de delitos relacionados con 157 transacciones sospechosas que ocurrieron entre febrero y mayo de 2024. Estas operaciones fraudulentas, que se simularon como devoluciones de productos de comercios en línea, involucraron a 43 clientes de la tarjeta GO BICE. El modus operandi consistía en llevar a cabo compras falsas seguidas de solicitudes de reembolso que resultaban en abonos automáticos a sus cuentas. Posteriormente, los implicados retiraban los fondos de manera rápida, generando pérdidas estimadas en $183.194.713 para Banco BICE.
Lo que queda claro a través de ambas querellas es que las acciones prohibidas están lejos de ser aisladas. En su presentación ante la justicia, Banco BICE ha solicitado que el Ministerio Público investigue a fondo la posible existencia de una organización delictiva bien estructurada. Este tipo de criminalidad no solo afecta a la entidad bancaria, sino que también pone en riesgo la confianza de los usuarios en el uso de herramientas digitales y servicios financieros, fundamentales en la actualidad.
El banco ha pedido al sistema judicial que se tomen medidas severas contra los responsables de estos delitos, buscando aplicar los castigos que la ley establece para tales conductas. De igual manera, a través de mensajes en redes sociales y otros medios, se han instado a los usuarios a mantenerse alerta sobre posibles fraudes y a no caer en las redes de estafadores que buscan engañar a sus víctimas. La situación pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre entidades bancarias y autoridades para salvaguardar el sistema financiero y proteger a los consumidores.
