Durante un periodo de cinco años, el pueblo de La Ciénega, ubicado en el municipio de Pitiquito, Sonora, fue testigo del auge del crimen organizado liderado por la facción conocida como La Chapiza, vinculada al Cártel de Sinaloa. Este grupo no solo dominó el territorio, sino que también se adueñó de las minas de oro que conformaban una parte vital del sustento económico local. Con métodos brutales, que incluían la intimidación y la violencia, La Chapiza logró establecer un control absoluto sobre el área, extrayendo ilegalmente minerales y haciendo que el lucro de esta actividad criminal alcanzara cifras alarmantes, como los 1.6 millones de dólares mensuales, según asesores en seguridad minera.
El impacto de la monopolización criminal en La Ciénega fue devastador para sus habitantes. Las comunidades, predominantemente rurales, se encontraron en una situación de desplazamiento forzado, donde muchas familias, dedicadas a la agricultura y la ganadería, fueron amenazadas y despojadas de sus tierras. Las estadísticas hablan de cientos de familias que se vieron obligadas a huir ante la presión del crimen organizado. «La economía local quedó colapsada; la inversión se detuvo y las fuentes de empleo se esfumaron», expresó Víctor Hugo Enríquez García, secretario de Seguridad Pública de Sonora, evidenciando los efectos colaterales de estos actos delictivos.
En respuesta a la problemática, el gobierno de Sonora implementó en 2023 operativos destinados a la recuperación del control territorial, que incluyeron patrullajes reforzados, operaciones aéreas y la intervención de comunicaciones utilizadas por estos grupos criminales. Hasta la fecha, se han recuperado 42 ranchos y dos minas, destacando la intervención de La Ciénega en septiembre de 2024, donde participaron 200 elementos de seguridad. Esta estrategia busca, no solo desmantelar las actividades delictivas, sino también restaurar la seguridad y permitir que los afectados recuperen sus medios de vida.
Detrás de la fachada de la explotación minera, emergía una red criminal que se expandía más allá de la extracción de oro, incursionando también en el tráfico de drogas, armas y personas migrantes. En 2019, La Chapiza expulsó a la empresa legal RM La Esperanza, consolidando su poder en una región que, dada su cercanía a la frontera con Estados Unidos, se convierte en un punto estratégico para el tráfico ilícito. A medida que el gobierno restablece el orden en la zona, los desafíos continúan, ya que los grupos delictivos intentan recuperar su influencia a pesar de la creciente presión estatal.
En la actualidad, el municipio de Pitiquito, que abarca más de 11 mil kilómetros cuadrados, comienza a ver signos de reactivación gracias al restablecimiento de la vigilancia estatal. Se estima que entre un 35 y 40 por ciento de los ganaderos han regresado a sus tierras recuperadas, aunque el camino hacia la normalización completa todavía es incierto. La historia de un propietario que perdió 700 cabezas de ganado y fue víctima de agresiones durante el dominio criminal de su propiedad destaca el costo humano de esta lucha. La Secretaría de Seguridad Pública ha reiterado su compromiso de continuar con operativos para desmantelar las células delictivas, apuntando a un futuro donde la paz y la recuperación económica puedan florecer nuevamente en esta región.
