Chile enfrenta una encrucijada crítica en la lucha contra la discriminación, donde la reciente propuesta de archivar la reforma a la Ley Antidiscriminación por parte de la Comisión Mixta del Congreso ha encendido las alarmas en diversos sectores de la sociedad. Esta ley, que busca corregir las falencias de la Ley N° 20.609, se presenta como una herramienta vital para erradicar la exclusión y la violencia que afecta a millones de chilenos por razones de género, edad, discapacidad, nacionalidad u orientación sexual. La decisión de poner en jaque este proyecto no solo representa un retroceso legislativo, sino también un claro desdén hacia las demandas urgentes de una población que clama por un entorno más seguro y justo.
Los datos son contundentes: el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reporta brechas salariales significativas entre hombres y mujeres, con una desventaja del 33,1% para las mujeres mayores de 65 años. Asimismo, la Subsecretaría de Prevención del Delito indica que el 89,3% de las personas LGBTIQ+ ha padecido discriminación en algún momento de sus vidas. Estas cifras evidencian que la discriminación no es un fenómeno aislado, sino una experiencia cotidiana para muchos; de hecho, el Observatorio del Envejecimiento resalta que una alarmante proporción de la población mayor en Chile es percibida como incompetente, superando incluso a países como Estados Unidos y Brasil. Estas estadísticas subrayan la urgencia de adoptar una legislación robusta que combata esta problemática de forma efectiva.
Detrás de la discusión sobre la reforma a la Ley Antidiscriminación se halla el riesgo de perpetuar una cultura de silencio y miedo que inhibe a las víctimas de alzar la voz. La ley actual carece de los mecanismos necesarios para sancionar eficazmente actos discrimatorios y, al reducir esta discusión a una simple «agenda particular», se desvirtúa el propósito fundamental de garantizar la igualdad de derechos. Este intento de deslegitimar la reforma pone en manifiesto un desinterés preocupante por parte de algunos parlamentarios, que han olvidado su deber de legislar para el bien común y no para intereses particulares.
Frente a esta situación, es esencial recordar que la reforma ha sido ampliamente debatida durante cinco años y cuenta con el apoyo de organizaciones sociales, organismos internacionales y datos estatales que avalan su necesidad. Nombres clave de la Comisión Mixta, como Emilia Schneider y Fabiola Campillai, ostentan la responsabilidad de orientar a Chile hacia un futuro más inclusivo. Por ello, hacemos un llamado palpable al Congreso Nacional para que retome el diálogo sobre esta reforma, garantizando la inclusión y participación activa de todas las partes interesadas. Esta no puede ser solo una discusión técnica; debe centrarse en las vidas humanas que se ven afectadas por la discriminación.
En conclusión, la reforma a la Ley Antidiscriminación no busca otorgar privilegios, sino establecer condiciones mínimas de justicia y dignidad para todos los ciudadanos chilenos. Para avanzar en este camino, es necesario construir una institucionalidad sólida que eduque, prevenga y sancione las violaciones a los derechos humanos y garantice la reparación a las víctimas. La hacemos un llamado ineludible al Congreso y al Gobierno: es momento de actuar con firmeza y convicción. En Chile, la diversidad no solo es un aspecto de nuestra identidad, es un valor que debemos proteger y fomentar; porque en un país donde nadie sobra, todos merecemos vivir libres de discriminación.
