La Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) denunciaron que México tiene una deuda histórica con las familias de migrantes desaparecidos y víctimas de la violencia. Durante el reciente webinar titulado «Violencia en México contra personas en movilidad», ambas organizaciones resaltaron la falta de un registro oficial de casos, así como la ausencia de voluntad política para abordar este grave problema social. La situación se agrava, ya que las familias de las víctimas continúan en la incertidumbre y la desesperación tras la desaparición de sus seres queridos, quienes intentaron buscar mejores oportunidades en otros países.
Marisol Méndez, coordinadora de Incidencia de la Fundación para la Justicia, presentó cifras alarmantes sobre la violencia sufrida por migrantes. En el año 2024, se documentaron 11 eventos violentos que resultaron en 6,117 víctimas, incluyendo secuestros, homicidios, desapariciones y accidentes. Esta estadística revela la magnitud del problema, que se ve exacerbado por la insuficiencia de investigaciones por parte de las autoridades competentes. Méndez afirmó que «esto no ocurriría sin la connivencia de autoridades migratorias y policiales», evidenciando así la complicidad que podría existir en el sistema.
Las críticas hacia las fiscalías son severas, ya que no están investigando los casos con la profundidad requerida, especialmente desde una perspectiva de macrocriminalidad. Méndez apuntó que no se analizan las redes transnacionales que comparten responsabilidad en la trata de personas y la violencia contra migrantes. Esto es preocupante, ya que se están dejando de lado una serie de factores que podrían ayudar a desmantelar este tipo de redes criminales y a brindar justicia a las víctimas y sus familias.
El acceso a la justicia para los migrantes es prácticamente inexistente, sobre todo en casos de desaparición. Las organizaciones denunciaron que no hay mecanismos efectivos que faciliten a los migrantes acceder a la justicia, lo que amplifica la tragedia de la desaparición. La dificultad radica también en la movilidad humana que caracteriza a muchos migrantes, quienes transitan por diferentes estados, complicando las búsquedas. Como resultado, las fiscalías no cuentan con un enfoque diferenciador y muchas veces ignoran los contextos más amplios que afectan las investigaciones.
En medio de esta situación de impunidad, las familias siguen esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Este estado de incertidumbre prolongado no solo afecta a quienes han perdido a sus familiares, sino que también evidencia una falta de compromiso por parte del Estado mexicano para garantizar la protección y el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Las organizaciones hacen un llamado urgente para que se implementen políticas efectivas que prioricen la investigación de estos delitos y se establezcan medidas que prevengan la violencia contra la población migrante.
