Martín de los Santos, el imputado por la agresión que dejó a Guillermo Oyarzún, un conserje de 70 años, con graves secuelas, ofreció públicamente una parcela en Pichilemu como gesto de reparación. Este ofrecimiento se realizó durante una transmisión en vivo por Instagram, donde de los Santos, previo a su encarcelamiento, compartió su versión de los hechos que tuvieron lugar el 17 de mayo en Vitacura. En el livestream, que duró cerca de 50 minutos, además de hacer la controvertida propuesta, denunció haber recibido amenazas tanto a su persona como a su familia, asegurando que fue drogado antes de la mencionada agresión.
Durante la transmisión, de los Santos envió un mensaje directo a Oyarzún, deseándole una pronta recuperación y manifestando su interés en llegar a un acuerdo. «He intentado acercarme en múltiples ocasiones, pero sus hijos solo han buscado amedrentarnos», declaró, refiriéndose a la familia del conserje. A lo largo de su intervención, se mostró arrepentido y dispuesto a asumir la responsabilidad por sus actos, enfatizando que estaba dispuesto a buscar un diálogo directo con Oyarzún para abordar la situación de manera civilizada.
A pesar de las disculpas y el ofrecimiento de una parcela, la familia de Guillermo Oyarzún ha rechazado tajantemente la propuesta de de los Santos. En un comunicado a los medios, el hijo del conserje fue enfático al afirmar que no están interesados en recibir ningún tipo de compensación. «A nosotros no nos interesa ninguna parcela, esta vez no le va a funcionar con nosotros», expresó, dejando claro su deseo de que el agresor cumpla una condena en prisión por sus acciones.
La situación ha generado un considerable revuelo mediático dado el contexto de la agresión y las consecuencias que ha tenido en la vida de Oyarzún. La familia del conserje ha manifestado su intención de seguir adelante con la causa legal, buscando que se haga justicia y que de los Santos reciba el castigo que considera merecido. «Vamos a llegar hasta el final para que este tipo esté en la cárcel», añadió el hijo, reflejando el sentimiento de indignación y lucha que la familia siente en este delicado asunto.
Por su parte, la Contraloría ha decidido rechazar un sumario relacionado con la muerte de un gasfíter en La Moneda, lo que ha llevado al Gobierno a asegurar que se están implementando las recomendaciones pertinentes. Este caso, similar en relevancia, ha llamado la atención del público y muestra la complejidad que rodea a estos incidentes, donde las familias de las víctimas buscan justicia mientras intentan sobrellevar las difíciles circunstancias que les han tocado vivir.
