El proyecto de ley «Devuélveme mi Pasaje», impulsado por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini del Partido Socialista, podría parecer una medida humanitaria a primera vista, pero oculta implicaciones serias que amenazan la estabilidad del sector aéreo en Chile. Según sus promotores, este plan permitiría a los pasajeros solicitar la devolución del costo total de un pasaje aéreo hasta ocho horas antes del despegue, sin necesidad de justificar su decisión. Sin embargo, expertos advierten que esta reforma podría encarecer los pasajes, lo que representaría una carga adicional para un sector que ya opera en un entorno complicado, donde la rentabilidad es fundamental y los márgenes son estrechos.
Uno de los puntos críticos a considerar es que el proyecto se basa en la premisa errónea de que las aerolíneas están constantemente abusando de los consumidores a través de la sobreventa de asientos. La realidad es que las aerolíneas han implementado sistemas de gestión de ingresos que permiten ofrecer tarifas extremadamente bajas mediante la venta de diferentes tipos de boletos, cada uno con sus propias condiciones. Este modelo ha democratizado el acceso al transporte aéreo, permitiendo que millones de chilenos puedan volar a precios accesibles. Sin regulación adecuada, el impacto sobre estos modelos de negocio podría ser devastador.
En la última década, los precios de los pasajes han disminuido notablemente, facilitados por la apertura de cielos y una mayor competencia en el sector. La propuesta de devolver el costo de los pasajes podría revertir estos avances, generando una subida en los precios que podría hacer volar más prohibitivo para las clases medias y bajas. El análisis sugiere que, si la ley se implementa, los costos adicionales por la devolución serán trasladados a todos los consumidores, lo que contradice el objetivo de hacer el transporte aéreo más accesible.
Además, las consecuencias de esta política no solo afectarían a los pasajeros. Las aerolíneas, especialmente las low-cost, podrían verse forzadas a reducir frecuencias o incluso rutas completas en el país. Esto ya se puede observar con compañías como JetSMART y SKY, que han decidido retirar sus aviones de Chile para operar en mercados más rentables. La propuesta crea una falsa sensación de seguridad para el pasajero, mientras que en realidad compromete la viabilidad del sector, llevando a menos opciones y un mercado menos atractivo.
Por otro lado, el debate no se detiene ahí. Una iniciativa similar en el ámbito de las autopistas urbanas, que busca eliminar las multas por circular sin TAG, tiene potenciales efectos colaterales igualmente alarmantes. Esta medida podría promover el uso indebido de la infraestructura vial, aumentando la congestión y obstaculizando el desarrollo de proyectos de infraestructura pública que han sido clave para el crecimiento del país. Sin un marco legislativo que reconozca la lógica del mercado, se corre el riesgo de desincentivar las inversiones necesarias para el futuro del transporte en Chile.
