El proyecto Dominga se ha convertido en un punto álgido de debate en Chile, tras las recientes declaraciones del ministro subrogante de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño. Durante una entrevista en Cooperativa, Proaño afirmó que el proyecto ha entrado en un «bucle indeseable para todas las partes», tras el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que anuló la resolución anterior del Comité de Ministros. Esta situación no solo afecta a la empresa detrás del proyecto, sino que también plantea serias interrogantes sobre la eficiencia y la capacidad de la institucionalidad ambiental en el país, que se enfrenta a desafíos contemporáneos significativos.
Proaño subrayó que la prolongada evaluación de un proyecto de esta magnitud, que ha durado más de diez años, representa un problema tanto para los inversores como para la gestión ambiental. El ministro destacó que la línea base utilizada para evaluar el impacto ambiental del proyecto ya no es válida en un contexto de crisis climática, lo que subraya la necesidad de adaptarse a nuevas realidades. A medida que los problemas ambientales se agravan, la falta de una resolución clara y rápida puede resultar perjudicial para el ecosistema y para las comunidades locales que dependen de estos recursos.
El Gobierno ha decidido apelar la decisión del Tribunal Ambiental, argumentando que la Secretaría Técnica del Comité de Ministros carece de la autoridad necesaria para pronunciarse sobre los aspectos que el tribunal ha anulado. Proaño enfatizó que la resolución del Tribunal no implica la obligación de convocar a un nuevo Comité de Ministros, algo que ha sido malinterpretado en diversos medios de comunicación. Esta confusión ha alimentado la incertidumbre sobre el futuro del proyecto Dominga y ha generado preocupaciones sobre la falta de claridad en el proceso.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), se han expresado preocupaciones sobre los efectos de la «permisología» en la inversión extranjera. Su presidente, Alfredo Echavarría, lamentó que la prolongación de los procesos de evaluación desincentive nuevos proyectos y aleje el capital necesario para el desarrollo del país. La CChC ha instado a que se cumpla con los fallos judiciales para facilitar un cierre definitivo a la situación del proyecto, resaltando que la incertidumbre legal solo perjudica el crecimiento económico.
Finalmente, la situación del proyecto Dominga sigue siendo compleja y está lejos de resolverse. Aún hay un recurso de casación pendiente en la Corte Suprema que podría modificar el rumbo del caso. Expertos como el abogado ambiental Emanuel Ibarra advirtieron que cualquier intento de la Secretaría Ejecutiva de aprobar el proyecto podría llevar a nuevos litigios, lo que complicaría aún más el panorama. La intersección entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y la eficacia de la institucionalidad chilena se pone a prueba en este caso emblemático.
