La psicopedagogía se enfrenta actualmente a una lucha por su dignidad y reconocimiento en el ámbito educativo, especialmente en Chile, donde la salud mental, la convivencia escolar y la neurodiversidad son temas prioritarios. Sin embargo, a pesar de la relevancia de esta disciplina en la atención a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), los psicopedagogos/as siguen siendo sistemáticamente excluidos del núcleo de la política educativa. Su labor, que abarca desde el diagnóstico hasta la orientación y el acompañamiento de alumnos con NEE, es fundamental para garantizar una educación inclusiva y de calidad, pero se encuentra en un estado de invisibilización que deja en el limbo tanto a profesionales como a estudiantes que requieren su intervención.
En el contexto del Programa de Integración Escolar (PIE), los psicopedagogos/as son responsables de crear e implementar Planes de Apoyo Individual (PAI) y de colaborar estrechamente con otros educadores y profesionales. A pesar de su papel crucial en articular el aprendizaje con la emocionalidad y el contexto social del estudiante, su trabajo es a menudo confundido con el de educadores diferenciales, lo que genera malentendidos sobre sus funciones y degrada su aportación esencial al proceso educativo. Esta falta de claridad en el rol del psicopedagogo no solo empobrece la educación, sino que también menoscaba el respeto hacia una disciplina que debería ser reconocida como una ciencia educativa fundamental.
Otro desafío significativo que enfrentan los psicopedagogos/as es la precarización laboral. Sin una legislación sólida que regule su ejercicio profesional, muchos de ellos son contratados bajo condiciones frágiles y con salarios considerablemente más bajos que sus colegas docentes. Esta situación es alarmante, ya que reduce la capacidad de estos profesionales para desempeñar un trabajo integral y efectivo en las escuelas, lo que afecta directamente a aquellos estudiantes que más necesitan de su apoyo y conocimientos. Adicionalmente, la escasez de oportunidades de trabajo formal en regiones y áreas rurales asfixia aún más sus posibilidades de contribuir a un sistema educativo más inclusivo.
Los sostenedores educativos, atrapados en una lógica que prioriza los costos por sobre la calidad educativa, han comenzado a eliminar la figura del psicopedagogo de los equipos del PIE, justificando esta decisión como una medida de ahorro o por la supuesta duplicidad de funciones. Sin embargo, la realidad es que un sistema educativo eficaz no puede operar sin la mirada psicopedagógica que articule los diversos aspectos del aprendizaje. La inclusión y la equidad educativa se tornan palabras vacías si no se sustenta en el conocimiento profundo y especializado que los psicopedagogos/as aportan al abordar las necesidades de aprendizaje diversas de los estudiantes.
Frente a esta preocupante situación, se ha visto un creciente movimiento organizativo entre los psicopedagogos y psicopedagogas de Chile, donde han comenzado a alzar la voz para visibilizar su crisis profesional. A través de agrupaciones regionales y movimientos gremiales, han lanzado campañas en redes sociales y han hecho llegar sus demandas al Ministerio de Educación. Exigen reconocimiento legal como parte esencial de los equipos PIE, así como la mejora de sus condiciones laborales y contractuales, y la inclusión en las normativas del sistema educativo. La movilización nacional prevista para el 7 de junio es un reflejo palpable de la urgencia por dignidad y reconocimiento que estos profesionales buscan para poder realizar su labor en un entorno que respete y valore su contribución a la educación inclusiva.
