A partir de abril de 2026, Chile implementará una reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, un cambio significante en las leyes laborales del país, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, esta medida podría dejar fuera a miles de trabajadores que operan bajo la modalidad de honorarios, aunque en la práctica desempeñan funciones similares a las de empleados formales. Expertos advierten que este escenario podría desencadenar una ola de fiscalizaciones y posibles demandas laborales, especialmente en situaciones donde exista una clara subordinación y dependencia, lo que podría llevar al reconocimiento de una relación laboral formal en ciertos casos.
Según el último informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), a finales del tercer trimestre de 2025, había 32.457 trabajadores a honorarios en el Gobierno Central, lo que representa el 6,1% del total del personal. Aunque este porcentaje puede parecer bajo, engloba un número considerable de personas que, bajo distintas circunstancias, cumplen con horarios fijos y están sujetos a jefaturas directas. Tal situación plantea un dilema jurídico en caso de que estos trabajadores requieran el reconocimiento de su condición laboral, dado que muchos se encuentran en situaciones que podrían evidenciar que son empleados, pero operan bajo un esquema de honorarios.
Camila Cárdenas, socia y directora del área de Litigación de SoyHonorario, subraya que «muchas personas creen que no tienen derecho a la reducción de la jornada por el hecho de emitir boletas de honorarios». Sin embargo, si hay indicios de subordinación y cumplimiento de un horario estructurado, la normativa laboral podría ser aplicable, independientemente del tipo de contrato firmado. Este cambio no es solo una modificación legal, sino una oportunidad para que los trabajadores evalúen su estado laboral actual y demanden reconocimientos de derechos como vacaciones y cotizaciones.
Los expertos alertan que la nueva reducción de jornada podría propiciar un incremento en las fiscalizaciones vinculadas al estatus laboral de los trabajadores a honorarios. Donovan Riveros, abogado laboral en BDO Chile, señala que, aunque la Ley de 40 horas no aborda directamente a los trabajadores a honorarios, su implementación podría generar un clima de denuncias o demandas de aquellos que busquen validar su relación laboral con las empresas. Esto significa que las organizaciones deberán revisar detalladamente sus clasificaciones de personal para evitar sanciones y juicios por una mala interpretación de la ley.
La transición hacia las 40 horas semanales, que se completará en 2028, exige que tanto empleados como empleadores reconsideren sus condiciones laborales actuales. Desde Talana, Consuelo Letelier advierte que los criterios que delinean una relación laboral no cambiarán con la reducción de la jornada; por lo tanto, indicadores como control horario, jerarquía y cumplimiento de tareas permanentes podrían obligar a las empresas a formalizar los vínculos laborales con sus trabajadores a honorarios. Ignorar esta realidad podría acarrear consecuencias financieras significativas, incluyendo pagos retroactivos, multas e indemnizaciones.
