La Cámara de Diputados envió este lunes a una comisión mixta el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), lo que marca un paso significativo en la discusión legislativa sobre este tema crucial en el ámbito de la seguridad pública. Este proyecto había sido previamente modificado por el Senado, que realizó diez alteraciones al texto original, lo que generó la necesidad de un espacio de revisión conjunta. La formación de esta comisión, compuesta por cinco diputados y cinco senadores, tendrá como objetivo resolver las divergencias que han surgido entre ambas cámaras y avanzar en la aprobación final de la normativa.
Entre las modificaciones que el Senado realizó y que no fueron aceptadas por la Cámara se encuentran aspectos fundamentales como la redacción del articulado que se refiere al eximente de responsabilidad penal en el uso de la fuerza, así como cambios en los artículos que abordan la utilización de la fuerza potencialmente letal. Estos puntos son considerados sensibles y críticos por diversas organizaciones y la ciudadanía, que han manifestado su inquietud sobre el uso y la justificación de la fuerza en el contexto de las funciones policiales.
Además, el Senado incluyó modificaciones relacionadas con la prohibición de la tortura, un tema que ha suscitado un amplio debate no solo en el Congreso, sino también en la sociedad civil. Las organizaciones de derechos humanos han exigido que se respete un marco normativo claro y riguroso en este ámbito, lo que hace que la discusión sobre las RUF sea aún más relevante. La Cámara, por su parte, deberá examinar cuidadosamente estas propuestas para evitar que se contravengan los derechos fundamentales de las personas.
Por otro lado, la Cámara de Diputados sí aprobó los cambios del Senado en relación con la redacción de los principios de la racionalidad y de la responsabilidad, que forman parte esencial del marco ético para el uso de la fuerza. Estos principios se discutieron en profundidad durante varios días y fueron objeto de un intenso debate que reflejó la diversidad de opiniones y posturas de los distintos sectores políticos. La inclusión de estos principios es vista como un avance hacia un uso más responsable y justificado de la fuerza por parte de las autoridades.
A medida que avanza la discusión en la comisión mixta, se espera que se logren acuerdos que reflejen un equilibrio entre la necesidad de seguridad y el respeto a los derechos humanos. Las próximas semanas serán cruciales para determinar la forma final de las Reglas del Uso de la Fuerza, y tanto la ciudadanía como las organizaciones de derechos humanos estarán atentas a los resultados de este proceso legislativo, con la esperanza de que se promulgue una ley que respete y proteja la dignidad humana.
