Entre enero y abril de 2025, el 68% de las renegociaciones activas ante la Superintendencia de Insolvencia y Re-emprendimiento (Superir) fueron iniciadas por emisores de recibos de honorarios. Esta cifra duplica el 34% registrado a finales de 2023, lo que subraya un aumento significativo en la participación de este grupo en los procesos de reestructuración de deudas. Este cambio se atribuye a la implementación de la Ley 21.563, que permite a estos trabajadores acceder a procedimientos de renegociación de deudas sin costo alguno, facilitando así una solución a sus desafíos financieros.
El proceso administrativo de renegociación de deudas permite a los trabajadores honorarios reestructurar sus pagos mediante un acuerdo con sus acreedores, contando con la asistencia directa de la Superir. Los beneficios que ofrece este mecanismo incluyen una reducción en las tasas de interés aplicables y la posibilidad de obtener meses de gracia antes de iniciar los pagos. Las condiciones favorables de este sistema parecen atraer a aquellos que previamente se veían obligados a liquidar activos como única alternativa para hacer frente a sus deudas.
La edad promedio de los usuarios que acceden a este mecanismo oscila entre los 30 y 44 años, con ingresos mensuales que varían de $500,000 a $750,000, y con compromisos financieros que superan los 50 millones de pesos. Antes de la Ley 21.563, estos trabajadores no contaban con soluciones adecuadas para la gestión de sus deudas, lo que enfatiza la necesidad de alternativas más accesibles para enfrentar sus obligaciones económicas. La reestructuración adecuada no solo busca aliviar la carga financiera, sino también mejorar la situación emocional de estas personas, permitiendo una mayor estabilidad familiar.
Desde la entrada en vigor de la ley, el número de solicitudes de renegociación ha aumentado drásticamente, con un crecimiento del 185% en 2024 respecto al año anterior y un 91% en los primeros cuatro meses de 2025 en comparación al mismo periodo de 2024. Esta tendencia positiva refleja la efectividad de las reformas implementadas, brindando no solo un alivio económico sino también un impacto significativo en la salud mental y la estabilidad de las familias que enfrentan dificultades financieras.
Además, la ley ha introducido mecanismos simplificados para individuos y micro y pequeñas empresas (Mipymes) que enfrentan situaciones de insolvencia. Entre enero y abril de 2025, se registraron 1,944 solicitudes de liquidación simplificada, lo que representa un aumento del 58% en comparación con el año anterior, de las cuales el 41% fueron presentadas por mujeres, lo que destaca una creciente necesidad de apoyo financiero en este segmento poblacional. En el caso específico de Mipymes, se produjeron 149 procesos de liquidación simplificada, lo que representa un aumento del 86%, con los sectores más representados siendo servicios de comida móvil, construcción y servicios de impresión. El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, enfatiza la importancia de actuar de manera proactiva y no esperar a que ocurra una insolvencia profunda, recomendando a todos acercarse a la Superir para informarse sobre los procedimientos disponibles.
