El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, ha decidido tomar acciones legales por injurias graves contra el usuario de X, conocido como @RobertoMerken, a quien acusa de manipular una imagen que lo relacionaría directamente con Alberto Larraín, quien está en el centro de la controversia por el caso ProCultura. Esta decisión marca un capítulo importante en la política local, donde la honorabilidad de los funcionarios públicos se encuentra bajo constante escrutinio. Según el informe de Radio Biobío, Sichel también ha solicitado a la Contraloría que investigue si Conejeros, el nombre real detrás de la cuenta, es un funcionario público, lo que añadiría una dimensión adicional a la disputa legal.
La polémica comenzó el 12 de mayo, cuando @RobertoMerken reaccionó a una entrevista de Sichel para CNN Chile, en la que abordaba el caso ProCultura. En su publicación, difundió una imagen en la que supuestamente se veía al alcalde junto a Larraín, insinuando un vínculo que Sichel ha calificado como una grave ofensa a su reputación. En respuesta, el alcalde presentó un análisis técnico realizado por una diseñadora gráfica, que sostiene que la imagen es un montaje digital creado con la intención de perjudicar su honra. Este análisis Técnico refuerza la alegación de Sichel, quien está decidido a demostrar que tal relación es completamente falsa.
Para agravar la situación, en su querella, el alcalde incluyó imágenes separadas de los dos hombres, acompañadas de un enlace a un artículo de La Cuarta. También se aventuró a determinar las circunstancias bajo las cuales Conejeros publicó el mensaje, incluyendo un detalle crucial: la publicación fue realizada a las 10:43 de la mañana, lo que podría implicar que se encontraba en horas laborales si se confirma que es funcionario público. La estrategia de Sichel parece ser una intentona de aclarar su imagen y deslindar cualquier responsabilidad en el contexto de unas acusaciones que podrían tener repercusiones serias en su carrera política.
Desde el lado de Conejeros, su abogado, Fernando Leal, ha manifestado su intención de contrarrestar la querella, alegando irregularidades en la entrega de la notificación judicial. Afirmó que la notificación se realizó en la casa de la madre de Conejeros, en lugar de su propia residencia, lo que podría ser considerado un incumplimiento del procedimiento legal. Además, Conejeros ha denunciado lo que él califica como una persecución política, argumentando que su único objetivo es participar activamente y criticar cuestiones que afectan a la sociedad chilena. Esta declaración sugiere que la popularidad de las redes sociales y la crítica política están entrelazadas en este caso.
En un giro que añade más tensión al caso, Sichel está buscando una condena de 540 días de prisión y una multa equivalente a 10 UTM, además de costos legales en su querella. Sin embargo, no se detiene ahí: también ha indicado que está considerando presentar nuevas acciones civiles contra el mismo tuitero. Este episodio resalta la intensa batalla legal y política que puede surgir de simples interacciones en redes sociales y el impacto que pueden tener en la imagen pública de los funcionarios. En medio de protestas de irregularidades y manipulaciones, la sociedad chilena observa con atención cómo transcurre este caso.
