La reciente ratificación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de los topes de gasto en campañas judiciales ha generado un debate intenso sobre la equidad en el proceso electoral en México. Con la inminente apertura de las campañas para la elección de ministros, magistrados y jueces, la decisión del TEPJF de aprobar los topes diferenciados propuestos por el Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto en el centro de la discusión la posibilidad de que los candidatos con mayores recursos superen a aquellos con menos capacidad económica. Este panorama plantea inquietudes sobre si realmente todos los aspirantes tendrán las mismas oportunidades de ser considerados por el electorado.
En una sesión pública reciente de la Sala Superior del TEPJF, se validaron los topes de gasto que permiten a los candidatos a la Suprema Corte de Justicia y a la Sala Superior del propio TEPJF gastar hasta un millón 468 mil pesos. En contraste, los aspirantes a magistrados en salas regionales estarán limitados a 881 mil 304 pesos, lo que genera una desigualdad significativa. Para magistraturas de circuito y jueces de distrito, los límites establecidos son de 413 mil 111 y 220 mil 326 pesos, respectivamente. Estas diferencias despiertan la preocupación de que solo los candidatos con un respaldo financiero sólido puedan acceder a una visibilidad adecuada durante las campañas, dejando atrás a los que se encuentran en desventaja económica.
Un caso emblemático es el de un candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey, quien ha impugnado la decisión del TEPJF, argumentando que los topes diferenciados atentan contra la equidad al favorecer a aquellos con una mayor capacidad de financiamiento. Su alegato se basa en el hecho de que todos los candidatos dependen de recursos personales, sin la opción de utilizar financiamiento público o privado, lo cual acentúa la desigualdad en las campañas. Este candidato sostiene que el nuevo criterio contradictorio a la legislación original, que fijaba un tope uniforme de 220 mil pesos, refuerza un sistema donde los más adinerados tienen ventajas sobre los demás.
A pesar de los reclamos sobre la inequidad, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña rechazó los argumentos de discriminación, señalando que las acusaciones de desigualdad no constituyen una demostración clara de violación al derecho a ser votado. Según sus observaciones, el demandante no logró establecer que los topes diferenciados perjudican la equidad en la contienda. Esta postura sugiere que el TEPJF podría estar favoreciendo un marco que, aunque polémico, se apoya en una lógica que defiende la necesidad de flexibilidad en el gasto electoral en lugar de adherirse a un límite único para todos los candidatos.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón también expresó su opinión sobre la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisara el caso, considerando la relevancia de este tipo de impugnaciones en el ámbito electoral. Este tipo de discusiones resalta la importancia de garantizar que las elecciones, especialmente en el ámbito judicial, no solo sean transparentes, sino también justas. La atención al tema de los topes de gastos en las campañas judiciales no se limita a cuestiones de financiamiento, sino que se entrelaza con la percepción pública de la legitimidad y la imparcialidad de la justicia en México.
