Recientemente, han salido a la luz preocupantes casos de hostigamiento laboral dentro del gobierno de Gabriel Boric, que comenzó en marzo de 2022. Un incidente particular destacó cuando un funcionario de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas fue denunciado por colocar un cartel ofensivo en el escritorio de un colega con discapacidad, que decía: “Tío tío, cagó pedna”. Este acto de acoso se suma a una serie de apodos despectivos que este funcionario utilizaba hacia sus compañeros de trabajo, las cuales son evidencia de un ambiente laboral tóxico y discriminatorio. La situación resultó en un sumario que culminó con una multa del 20% del salario del presunto hostigador, siendo este solo un ejemplo de un patrón más amplio de malas prácticas laborales que, aparentemente, proliferaron durante el gobierno actual.
Las investigaciones han revelado que el acoso no es un incidente aislado, ya que se han reportado más de 363 casos de hostigamiento laboral entre diversas entidades estatales desde el inicio del gobierno de Boric. Se han documentado 108 casos que fueron sobreseídos, mientras que otros resultaron en diversas sanciones a los involucrados, incluyendo destituciones, suspensiones y multas. Este preocupante patrón sugiere que más allá de las actitudes de algunos funcionarios específicos, existe un problema sistémico de conducta inapropiada que afecta el clima laboral en el sector público. Las denuncias emanadas de distintos ministerios muestran que no todos los funcionarios involucrados son nuevos, lo que implica la posible persistencia de estas conductas de administraciones anteriores.
Un caso particular que llamó la atención sucedió en la Secretaría General de la Presidencia, donde dos funcionarios se enfrentaron en una serie de agresiones verbales que iniciaron a través de correos electrónicos. Según el relato de uno de ellos, la tensión escaló rápidamente, culminando en amenazas físicas e intentos de agresión violentos. Este caso ha ilustrado cómo el acoso y la violencia verbal han permeado espacios que deberían ser profesionalmente seguros, y refleja una falta de manejo adecuado de conflictos en el entorno laboral. Ambas partes resultaron suspendidas, lo que pone en evidencia la necesidad de medidas más firmes y efectivas para abordar estas situaciones.
Asimismo, en el Ministerio de Vivienda se documentó otro incidente alarmante, donde un funcionario fue acusado de realizar comentarios sexualizados y obscenos dentro de la oficina, creando un clima incómodo y hostil para sus compañeros. Las denuncias indican que tal comportamiento no solo era inadecuado, sino que también era reiterado y sistemático. En este marco, se reveló que un trabajador incluso envió material pornográfico a través de redes institucionales, lo que condujo a su destitución. Este tipo de conductas pone de relieve la importancia de establecer protocolos claros y eficaces en torno al acoso sexual y la protección de los derechos laborales.
Finalmente, la situación en el Ministerio de Medio Ambiente demuestra que las dinámicas de violencia y acoso no solo se limitan al acoso sexual. Una funcionaria fue acusada de gritar y humillar a sus colegas, llegando a provocar llanto entre ellos. El testimonio de sus compañeros habla de un comportamiento recurrente y agresivo, sin ningún tipo de remordimiento por parte de la implicada, lo que refleja un serio problema en el manejo de recursos humanos en el sector público. Estos casos, con sus conseqüencias administrativas, subrayan la urgencia de implementar una cultura de respeto y tolerancia cero ante el acoso laboral en todas sus formas.
