A pesar de la prohibición de teléfonos celulares en las cárceles chilenas, un reciente reportaje de T13 ha revelado un inquietante negocio que se desarrolla dentro de la Cárcel de San Miguel. Según la investigación, una mujer de 23 años, actualmente en prisión preventiva, ha estado ofreciendo servicios de contenido erótico a cambio de dinero. Esta interna se comunica con sus clientes a través de mensajes de texto y audios donde ofrece fotos y videos desnudos, cobrando 15 mil pesos por cada contenido. Este hallazgo ha expuesto no solo una violación de las normas penitenciarias, sino un preocupante fenómeno de explotación sexual desde el interior de la cárcel.
El modus operandi de la mujer es revelador. Utiliza un teléfono celular arrendado, el cual debe devolver a ciertas horas del día. En uno de sus audios, advierte a un cliente que debe devolver el aparato, pero promete que pueden coordinar para hablar en el futuro. Este sistema le permite establecer un contacto directo con sus clientes, quienes le solicitan contenido personalizado y le pagan por estos servicios. La interna ha conseguido que otros prisioneros le alquilen sus dispositivos, creando un micro-negocio que desafía las regulaciones existentes.
La captura de la mujer tuvo como trasfondo su arresto por tráfico de drogas en el Aeropuerto de Santiago, donde intentó introducir sustancias ilegales al país. En sus conversaciones, revela a sus clientes detalles sobre cómo funciona su esquema de cobros, donde menciona que cada depósito debe incluir un extra para que le pasen la cantidad prometida. Este método refleja la complejidad de las finanzas dentro del recinto, donde el dinero se convierte en un medio para continuar con sus actividades delictivas desde la cárcel.
Recientemente, Gendarmería de Chile llevó a cabo un operativo en la celda de la mujer tras detectar estas actividades ilícitas. En la intervención se incautaron 39 teléfonos móviles y otros elementos prohibidos que evidencian el uso no autorizado de tecnología en el recinto. La subdirectora de Gendarmería, María Angélica Aguirre, indicó que estos dispositivos eran parte de una red de comunicaciones que operaba dentro de la cárcel, señalando que en la cárcel de mujeres de San Miguel no se cuentan con inhibidores de señal, lo que facilita la entrada y uso de teléfonos.
Este escándalo pone de relieve la falta de control en los centros penitenciarios chilenos y la necesidad urgente de implementar medidas más severas para prevenir la entrada de dispositivos móviles y otros elementos prohibidos. La subdirectora Aguirre explicó que actualmente existen métodos para detectar el ingreso de estos artículos, pero que buscan mejorar la seguridad con tecnología avanzada en todos los penales del país. Es un recordatorio de los desafíos que enfrenta el sistema carcelario chileno en su intento por mantener la seguridad y la legalidad dentro de sus muros.
