La empresa presentó una querella tras descubrir un millonario fraude interno, en el que acusan como principales responsables al exgerente comercial Marcelo Gómez y su hijo Fernando Ignacio Blumen Flores.
La reconocida empresa Casas Chile SpA, dedicada a la venta y construcción de viviendas prefabricadas, ha presentado una querella por administración desleal que ha encendido las alarmas en el sector.
El escrito, dirigido al Juzgado de Garantía de San Bernardo, detalla un complejo esquema de fraude interno que habría generado pérdidas por cerca de 3.500 millones de pesos, comprometiendo la estabilidad financiera y la reputación de la compañía.
Las pesquisas internas revelan que el exgerente comercial y de operaciones, Marcelo Gómez Castro, habría liderado, junto a un grupo de colaboradores, una red ilegal de ventas y servicios, utilizando recursos, instalaciones y la imagen corporativa de Casas Chile SpA a espaldas de la administración. Entre los principales aludidos en la querella destacan:
- Marcelo Gómez Castro (presunto cabecilla del esquema), Fernando Ignacio Blumen Flores (hijo de Gómez, jefe de sucursal Concepción), Miguel Ángel Mincone Pardo (sucursal Santiago), Christian Gómez (sucursal Santiago), Marbelis Tovar (canal digital), Génesis Barajas (planificación de entregas), René Mardones (finanzas), Yessenia Reyes (tesorería), Jeannette Andrea Flores Lorca (cónyuge de Gómez, apuntada como colaboradora).
El mecanismo descrito incluía la formalización de contratos paralelos, el desvío de pagos a cuentas personales y la priorización de estos clientes informales mediante la manipulación de procesos internos, incluso afectando la entrega normal a clientes regulares. Además, se denuncia un ambiente de complicidad, silencio e incentivos informales dentro de la estructura de la empresa, dificultando el descubrimiento del ilícito.
El documento judicial señala, con preocupación, no solo la magnitud de la afectación patrimonial, sino también el daño a la confianza y buen nombre construido por Casas Chile SpA a lo largo de los años. La empresa solicita que el Ministerio Público investigue exhaustivamente y persiga penalmente a todos los responsables, ya sea como autores, cómplices o encubridores, con la máxima severidad que la ley permite.
Este caso, de comprobarse los hechos, evidencia la vulnerabilidad que pueden enfrentar grandes empresas frente al abuso de confianza y la acción coordinada de quienes ostentan cargos directivos, poniendo en juego no solo el patrimonio sino también el futuro de cientos de familias que confían en ellas para cumplir el sueño de la casa propia.
