El primero de junio, México llevó a cabo una histórica jornada electoral en la cual se eligieron a todos los integrantes del poder judicial, abarcando un total de 881 cargos. Este evento no solo es significativo por la cantidad de posiciones a elegir, desde los nueve miembros de la Suprema Corte hasta jueces en diversas entidades de un país federal, sino también porque marcó un cambio en la forma en la que se decide quiénes ocuparán estos puestos tan relevantes en la justicia mexicana. Las elecciones populares, sin la intervención de partidos políticos, presentaron un desafío monumental para los votantes, quienes recibieron boletas enormes y de distintos colores, lo que complicó aún más el proceso de selección.
Ante este escenario, muchos ciudadanos, convencidos de la importancia de su voto, se dedicaron a investigar sobre los candidatos. Sin embargo, las dificultades eran evidentes, especialmente en las comunidades rurales, donde garantizar que una persona, por su falta de instrucción, pueda orientar su decisión se tornaba complicado. Los candidatos para la Suprema Corte, conformada por cinco mujeres y cuatro hombres, contaban con sus respectivos antecedentes y, aunque algunos parecían familiares, la mayoría eran desconocidos. Las siglas que acompañaban a los candidatos —propuestos por el poder ejecutivo, legislativo o judicial— añadían otra capa de confusión al proceso.
La necesidad de renovar un poder judicial criticado por su corrupción y vínculos con la oligarquía incentivó la realización de estas elecciones. Según el diario El País, los salarios de los ministros mexicanos eran desproporcionados en comparación con sus pares en países desarrollados. La Corte había sido criticada reiteradamente por favorecer a intereses económicos en detrimento de los derechos laborales y sociales, lo que dejó un sinfín de agravios contra la ciudadanía. Esto hizo que la participación en las elecciones fuera no solo un acto de participación democrática, sino también una oportunidad de transformar una institución que había exhibido poca transparencia y eficiencia.
A pesar de las expectativas moderadas sobre la participación ciudadana, finalmente se logró un 13% de votación, equivalente a 13 millones de votantes. Este resultado fue celebrado como un triunfo, ya que representa una mayor participación que la tradicionalmente vista en elecciones presidenciales en muchos otros países. El hecho de que millones de mexicanos eligieran a los jueces, en lugar de que un reducido grupo de poder lo hiciera en negociaciones opacas, supone un avance hacia una democratización real del sistema judicial.
México se posiciona así como pionero en el ámbito mundial al optar por un sistema electoral para el poder judicial. Aunque el conteo de votos apenas inicia y continuarán las indagaciones sobre quiénes serán los nuevos miembros de la Suprema Corte, el potencial liderazgo del abogado indígena Hugo Aguilar Ortiz es uno de los aspectos más comentados. Su trayectoria en derechos humanos y en la defensa de los pueblos indígenas sugiere un cambio significativo en la dirección que podría tomar el poder judicial en el país.
