La Gendarmería de Chile se enfrenta a un nuevo escándalo tras un error administrativo que resultó en la liberación de un individuo que debería haber quedado en prisión preventiva. Este incidente ocurrió en la Región Metropolitana, donde el personal a cargo del recinto no ejecutó una orden de ingreso emitida por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 24 de diciembre. Este tipo de fallos ya se han presentado anteriormente, lo que ha generado un creciente malestar tanto en la ciudadanía como en las autoridades encargadas de la seguridad pública.
En un comunicado oficial, la institución manifestó que esta situación es inaceptable y que se notificará al Ministerio Público para que inicie una indagatoria exhaustiva. Gendarmería ha subrayado su compromiso de colaborar completamente en el esclarecimiento de los sucesos que llevaron a esta grave falta. Además, se informó que el funcionario involucrado ha sido apartado de sus funciones, en un claro ejemplo del tipo de sanciones que se imponen por errores de esta envergadura.
Este error es solo uno de varios incidentes ocurridos a lo largo del año, incluyendo la liberación errónea de un imputado desde la cárcel de Rancagua en diciembre y de otros tres reos en penales de Copiapó, La Serena y Temuco en agosto. La repetición de estos errores plantea serias preguntas sobre la eficacia de los protocolos actuales de Gendarmería, así como la necesidad de una revisión profunda de sus procedimientos para garantizar la correcta aplicación de la ley.
Gendarmería ha afirmado que está revisando y fortaleciendo sus protocolos de ingreso a prisión preventiva. La institución enfatiza que la correcta aplicación de la ley es su principal prioridad y que tomarán medidas firmes ante cualquier irregularidad que comprometa la seguridad y la confianza en el sistema judicial. Este compromiso es vital para restaurar la fe pública en las instituciones encargadas de velar por la justicia en el país.
La opinión pública ha reaccionado con preocupación ante estos incidentes, exigiendo un mayor control y responsabilidad por parte de las instituciones penitenciarias. Ciudadanos y organizaciones de derechos humanos han señalado que estos errores no solo afectan a los involucrados sino que también socavan la confianza en el sistema judicial. Los próximos pasos de Gendarmería y el resultado de la indagatoria del Ministerio Público serán cruciales para determinar las medidas que se implementarán para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.
