Los diputados socialistas, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, han expresado su firme postura respecto a la continuación de la prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla, en el contexto de la audiencia de revisión de medidas cautelares programada para el próximo 20 de marzo en el Centro de Justicia de Santiago. Hermosilla ha estado recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde agosto de 2024, en medio de una compleja investigación que lo involucra en delitos relacionados con el ámbito tributario, soborno y lavado de activos, casos asociados también al denominado Caso Audios. La importancia de mantenerlo tras las rejas, según los diputados, radica en la posibilidad de que, una vez en libertad, el jurista pueda obstaculizar el proceso judicial.
Manouchehri no dudó en calificar a Hermosilla como un individuo peligroso que podría usar sus recursos y conexiones para interferir en la investigación. «Todos sabemos cómo actúa Luis Hermosilla… su forma de operar no es un misterio: presiones, contactos, influencias en la sombra,» mencionó el diputado en su intervención. De acuerdo con su análisis, la concesión de la libertad al abogado sería «escandalosa y completamente inaceptable». Para Manouchehri, mantener a Hermosilla en prisión es crucial no solamente por justicia, sino también por la integridad y credibilidad completa del sistema judicial chileno.
Por otro lado, la diputada Cicardini hizo hincapié en que Hermosilla no debe ser considerado un imputado cualquiera. Según sus palabras, se trata del «arquitecto de una red de corrupción» que ha penetrado y contaminado diversas instituciones del Estado. La liberación de Hermosilla, advirtió, sería una grave falta de respeto a la justicia y una clara invitación a que siga operando sin temor a ser castigado. Cicardini enfatizó que es imprescindible que se tomen medidas extraordinarias, incluyendo el aislamiento del abogado de otros imputados, para evitar cualquier tipo de coordinación por parte de él.
Cicardini continuó planteando que, si Hermosilla recuperara su libertad, lo primero que haría sería aprovechar sus influencias para dirigir la investigación hacia un desenlace favorable a sus intereses. Considerando el contexto actual de la investigación, la diputada consideró inadmisible que el abogado pudiera compartir espacio con otros imputados, lo que podría facilitar la orquestación de estrategias para evadir la justicia. El enfoque de Cicardini pone en primer plano la necesidad de mantener un alto estándar de vigilancia y control durante el proceso judicial.
Finalizando su declaración, la diputada destacó la relevancia de este caso en el contexto más amplio de la lucha contra la corrupción en el país. Subrayó que permitir que Hermosilla obtenga la libertad sería una señal alarmante de que la corrupción sigue teniendo una presencia indecorosa en las estructuras del poder chileno. «Este no es un caso menor. Si lo dejan libre, quedará demostrado que en Chile la corrupción sigue teniendo el control». Con estas contundentes afirmaciones, los diputados socialistas recrudecen el debate sobre la ética y la justicia en el sistema legal del país.
