El 29 de diciembre de 2022, un trágico incidente conmocionó a la comunidad de Ñuñoa, cuando Herbert Sánchez Cuba, un joven venezolano de 19 años y repartidor de comida, fue asesinado por un cliente tras la entrega de un pedido. La víctima, que trabajaba para enviar dinero a su familia en Venezuela, fue atacada por Tomás Aguirre, de 29 años, quien fue detenido y enviado a prisión preventiva, según informó BioBio Investiga. Esta escalofriante situación ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los repartidores y ha abierto un debate sobre la seguridad laboral y las condiciones de trabajo en Chile.
La madre de Herbert, devastada por la pérdida de su hijo, presentó una querella ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago por homicidio calificado. En junio de 2023, Aguirre fue formalizado, y desde entonces, la defensa ha intentado presentar un argumento basado en la salud mental del agresor. Informes psiquiátricos elaborados por su defensa afirmaban que Aguirre no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento del hecho, lo que generó un prolongado proceso judicial en torno a su responsabilidad.
Sin embargo, un informe realizado por el Hospital Público Psiquiátrico Horwitz en julio de 2024 contradijo las afirmaciones de la defensa, señalando que Aguirre tenía un historial psiquiátrico significativo, pero que no se encontraba enajenado mentalmente. Este informe, que se extendió a 19 páginas y fue emitido un mes después, aclaró que Aguirre era capaz de distinguir comportamientos lícitos de ilícitos y, por lo tanto, se le consideraba plenamente responsable de sus acciones. Esto marca un giro crucial en el caso, que se espera culminará en el juicio programado para octubre de 2024.
La situación ha suscitado un intenso debate entre los abogados de la defensa y la parte querellante. Víctor Mallea Sepúlveda, abogado de la familia de la víctima, ha enfatizado las dificultades del caso, especialmente en la resolución del estado mental de Aguirre. En sus declaraciones a la prensa, Mallea ha indicado que la causa penal se había suspendido por la solicitud de un nuevo informe psiquiátrico, el cual terminó por confirmar la capacidad de Aguirre para enfrentar la acción judicial. Este elemento ha sido crucial para mantener la acusación de homicidio calificado en su contra.
Por su parte, el abogado defensor, Lino Disi, ha argumentado que la conducta de Aguirre se ve influenciada de manera significativa por su consumo de drogas, lo que, según Disi, ha sido subestimado por las informaciones y análisis presentados por la parte querellante. En su declaración, Disi expresó que el caso se ha visto empañado por un análisis arriesgado que buscó vincular el asesinato a motivaciones xenofóbicas, un argumento que se ha desestimado durante la investigación. Tomás Aguirre ha permanecido en prisión preventa por casi tres años y, a pesar de las complicaciones legales, ha mostrado arrepentimiento y voluntad de reparar el daño a la familia de la víctima.
