A pocos días de que se formalice la acusación contra los cuatro sospechosos de torturar a un exfuncionario en el Hospital Base de Osorno, el director (s) del recinto, Julio Vargas, expresó su profunda preocupación por las repercusiones que el caso ha generado en la comunidad hospitalaria. Vargas dio a conocer que la institución, que había logrado posicionarse entre los tres mejores hospitales de alta complejidad en Chile, se enfrenta ahora a una crisis que ha conmocionado a su personal. En una intervención ante los medios, aseguró que «hay una consternación de toda la comunidad hospitalaria, esto nos ha pegado muy fuerte», enfatizando el impacto negativo que la divulgación de los hechos ha tenido tanto en la víctima como en la reputación del hospital.
Vargas también abordó el delicado tema de la filtración de videos y antecedentes de la investigación a la Fiscalía, afirmando que la institución ha colaborado plenamente con las autoridades desde el principio, pero lamentó que no se activaran las alertas correspondientes al momento de conocer las acusaciones. Reconoció la gravedad de la situación, indicando que, además del daño causado a la víctima, el caso impacta directamente en la salud pública de la provincia. «El hospital ha estado expuesto a una presión mediática intensa y, además, nos hemos visto afectados por la gestión de información que no fue manejada adecuadamente», declaró el director.
En relación a la cronología de la entrega de la evidencia al Ministerio Público, Vargas aclaró que habían entregado todos los antecedentes necesarios hace un tiempo considerable. Respondiendo a las críticas respecto a que la Fiscalía no tuvo acceso inmediato a los videos, explicó que se habían cumplido los procedimientos legales establecidos. «El Ministerio Público da por tomados los antecedentes el 5 de junio del 2024», puntualizó Vargas, generando un debate sobre la responsabilidad de los actores involucrados en la administración del caso antes de su mediática revelación.
Durante la entrevista, se planteó la posibilidad de cambios en la dirección del hospital a raíz de las presiones que ha generado el caso. Vargas, sin embargo, se mostró dispuesto a aceptar cualquier decisión que beneficie a la institución, señalando que su permanencia en el cargo es una cuestión de conveniencia institucional. «Todo el año está disponible el puesto, y si se considera necesario que yo salga, así será tomado», aseguró, al tiempo que resaltó la necesidad de revisar los protocolos internos para prevenir futuras violaciones a los derechos de los trabajadores.
Finalmente, el director se unió al perdón ofrecido por el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, quien reconoció los errores de la institucionalidad que permitieron el abuso. Vargas expresó su arrepentimiento por la falta de protección hacia el exfuncionario, reiterando que se deben abordar todas las aristas del complejo caso. «Pedí perdón porque la institucionalidad no estuvo en los momentos que correspondían para proteger al funcionario», concluyó, señalando que junto con su equipo revisarán todos los aspectos que puedan surgir en esta situación desafiante.
